Solicita que una delegación de la institución se desplace a la ciudad autónoma para conocer directamente la realidad asistencial y reclama datos objetivos sobre el impacto de la presión que soportan profesionales y pacientes.
Exige el cese inmediato de cualquier presión, por muy velada que esta sea, sobre los profesionales, al tiempo que anuncia que emprenderá acciones legales si se confirman represalias o amenazas.
Reclama que las conductas violentas contra quienes están ejerciendo una función asistencial reciban una respuesta judicial firme, proporcionada y suficientemente disuasoria.
La Confederación considera insuficiente la respuesta de la ministra ante una situación que los médicos llevan años denunciando y reclama una intervención directa y urgente de INGESA.
