Un grupo de opositores han presentado la vía cautelarísima ante el Tribunal Supremo, en la que se ha dado un plazo de 24 horas para presentar documentación y derivan a cautelares.
Habiendo sufrido recortes progresivos, con subidas lineales los facultativos españoles nunca recuperan los grandes recortes que sufrieron por la crisis.
“Son unas declaraciones intolerables y que desde nuestra Asesoría Jurídica se valorará si pueden ser una acusación de abandono por parte de los médicos a nuestros ancianos”, asegura el secretario general.
Sus declaraciones han dejado patente el desconocimiento total de la profesión y sobre todo de la situación real que se ha vivido en todos los sistemas de salud debido al COVID
Una vez levantado el estado de alarma, sin restricciones a la movilidad nacional, con el país abierto incluso al turismo internacional y con diferentes pruebas masificadas realizadas, no entendemos la obstinación de los responsables.
Te dejamos la opinión de Miguel Lázaro, presidente de Simebal, donde explica los agravios que está sufriendo el colectivo médico y que anuncian tambores de guerra.
Constará de dos momentos: el primero, un sincero recuerdo a las víctimas de la pandemia y a los afectados; y el segundo, un movimiento de reivindicación de los derechos de los profesionales médicos y titulados superiores.
Reclamamos a la Administración que tenga un verdadero acto de agradecimiento con todos aquellos que han luchado contra este virus la mayoría de las veces en condiciones precarias.
Los residentes sufrieron en los años 2010 y 2012 importantes recortes de carácter progresivo y después de varios años de sueldos congelados las subidas que se han realizado después han sido de carácter lineal.
Venimos demandando el papel que debe tener la profesión médica en la toma de decisiones que nos afecta y exigimos que se nos tenga en cuenta en el origen de los desarrollos normativos y legislativos.
Desde el año 2008, los diferentes ministros de Sanidad (10 en total y tanto del PSOE como del PP) han hecho públicos sus respectivos anuncios de la aprobación de esta especialidad.
El vicepresidente de la Junta acusaba de falta de ayuda durante la crisis, de incumplir el principio ético de “primun non nocere” y de obviar su juramento hipocrático.
Se aprecia vulneración de los derechos de los trabajadores, estableciendo que la Administración debe proporcionar equipos de protección individual frente a la COVID-19.