A la declaración de la Confederación se han adherido tanto Metges de Catalunya como Sindicato Médico Andaluz y Sindicato Médico de Euskadi, como muestra de la cohesión sindical médica actual.
A pesar de la actitud demostrada por el Ministerio de Sanidad, SATSE y CESM subrayan que no van a “tirar la toalla” ni abandonar las reuniones del Ámbito de Negociación.
Para esta nueva etapa confía en que se pueda reanudar el diálogo perdido con la ministra saliente, que apenas ha tenido contacto con los profesionales.
Añadía que la carencia de determinadas especialidades y el tiempo que tarda en formarse un especialista no puede ser excusa para que el médico sea desplazado por otras categorías.
Reclaman, una vez más, la necesidad de una nueva regularización de la atención continuada que modifique, entre otros aspectos, las retribuciones y la fiscalidad de los profesionales.
Recuerdan a las administraciones que es su obligación poner todos los medios de protección necesarios para que sus trabajadores puedan desarrollar su labor con la máxima seguridad.
En este 8M piden las mismas condiciones de trabajo que recomiendan sus pacientes, para evitar cualquier riesgo para madres e hijos, conjugando protección y desarrollo laboral.
Enviaron una carta a la ministra aprovechando su visita a Ceuta explicándole las razones que los llevan a huelga, así como invitándola a reunirse con ellos.
Trasladaron su preocupación ante aquellas regiones que, ante la situación crítica en la que se encuentra la AP, sigan sin querer abordar los problemas reales en su comunidad autónoma.
El CGCOM ha presentando el primer estudio realizado en toda Europa que analiza el cumplimiento de la Directiva Europea del Trabajo en este tipo de profesionales.
Se ha acordado poner en marcha un observatorio para el seguimiento de la implantación de los mecanismos que conduzcan a la simplificación de los trámites que genera la IT.
El sindicato considera intolerable que además de tener que soportar agendas inasumibles también sean víctimas de agresiones, que no dejan de aumentar desde 2020.
Denuncian que es intolerable seguir perpetuando esta práctica para paliar un déficit de profesionales que debía haber sido previsto por las autoridades sanitarias.