Entrevista con Trinidad Jiménez
CESM plantea a la ministra de Sanidad su oposición a que el Plan Bolonia “degrade” el estatus académico de los médicos

Por parte de CESM acudieron a la entrevista Patricio Jiménez (secretario general), Andrés Cánovas (presidente), Mª Jesús Hidalgo (vicepresidenta), Mariano Moragón (secretario de Finanzas y Servicios) y Aránzazu Albesa (secretaria técnica). En la imagen superior acompañan a la ministra (derecha) Consuelo Sánchez Naranjo (subsecretaria) y José Martínez Olmos (secretario general del Ministerio)

Una delegación de la Confederación Estatal de Sindicato Médicos (CESM), encabezada por su presidente y secretario general (Andrés Cánovas y Patricio Martínez, respectivamente) ha acudido hoy al Ministerio de Sanidad para mantener una entrevista con la titular del departamento, Trinidad Jiménez en la que se han abordado como materias principales la controvertida la transposición del Plan Bolonia a los estudios de Medicina y la conveniencia de que el Pacto de Estado por la Sanidad llegue a buen puerto como vía para garantizar la cohesión de las políticas de recursos humanos y el sostenimiento financiero del Sistema Nacional de Salud.

El sindicato acudió a esta primera entrevista con la recién nombrada ministra de Sanidad y Política Social con la intención expresa de “comprometerla” para la causa que defiende en relación con la transposición de las directrices que marca la Declaración de Bolonia, con la que se pretende llegar a una espacio común europeo en lo relativo a planes de estudio y titulaciones universitarias que favorezca la movilidad intracomunitaria de las diversas profesiones.

Este plan comunitario es el que tiene que adaptar España, y hacerlo sin demora, puesto que el plazo para ello acaba el próximo año. Sin embargo, en lo que atañe a los médicos, no está nada claro como se va a llevar a cabo.

El temor, reiteradamente puesto de relieve por CESM en los dos últimos meses, es que el Ministerio de Educación y Universidades, a quien compete en última instancia transponer las directrices comunitarias, opte por atribuir a los licenciados en Medicina el título de “grado”, que es sólo la primera de las tres titulaciones académicas (las otros dos son “máster” y “doctor”) que estarán vigentes en el próximo futuro en Europa. Y lo cierto es no se trata de un temor infundado, puesto que sobre los arquitectos ya pende un decreto que les equipara en la práctica en titulación y atribuciones con los aparejadores.

Agravio comparativo

Así las cosas, el objetivo del sindicato ha consistido en trasladar a la ministra la preocupación creciente de los médicos ante la eventualidad de que, en contra de todo lo previsible, unos estudios como los de Medicina, que tienen una duración muy superior a la del resto de grados, puedan recibir el mismo nivel de reconocimiento académico.

“El problema, según explica el secretario general de CESM, Patricio Martínez, es que los médicos necesitaríamos seis años para ser graduados en Medicina, mientras que otras titulaciones sólo precisarán cuatro años y con uno o dos más ya pueden conseguir ser máster. Eso crea un “agravio comparativo” con otras profesiones sanitarias que CESM quiere resolver con la fórmula que le parece más idónea: que los facultativos sigan llamándose médicos y los 360 créditos que conforman el currículum académico de la carrera les otorguen la titulación académica de máster.

Responsabilidad de la ministra

A la hora de intentar implicar a Trinidad Jiménez en esta cuestión, los médicos le han recordado que Sanidad no puede escudarse en que la adaptación del Plan Bolonia es responsabilidad exclusiva de Educación. De hecho, desde hace tiempo estaba prevista una Comisión Mixta entre ambos ministerios, que finalmente se ha constituido a primera hora de hoy.

CESM vería como una “dejación de funciones” que Sanidad no tenga algo que decir a través de este órgano inteministerial en la labor de proteger a sus médicos frente al agravio que se cierne sobre ellos. Entienden que el Ministerio debe ser valedor de su especial bagaje formativo, que incluye no sólo los seis años de estudios en la Facultad, sino uno o dos más para preparar el examen de acceso a la especialidad y los cuatro o cinco años en que se desarrolla ésta.

Es cierto que este período suplementario de adquisición de conocimiento no tiene lugar en la universidad, sino en los hospitales y centros de salud, en contacto directo ya con los pacientes, pero no deja de ser una etapa formativa que bien podría computar a la hora el listón académico de los facultativos.

Por lo demás, se ha hecho ver a la ministra que adjudicar a los médicos la simple condición de graduados rompería incluso el pretendido Espacio Europeo de Enseñanza Superior, toda vez que la Declaración de Bolonia deja un amplio margen de libertad a este respecto, que ha sido aprovechado para que países como Hungría opten por conceder directamente a los licenciados el título de doctor, o que otros (es lo que ocurre en Alemania) les aseguren la condición de máster.

En resumen puede decirse que la ministra se ha mostrado receptiva a las tesis de los médicos. Comprende que los licenciados quieran acceder directamente, como hasta ahora, al título de doctor, aunque se ha mostrado reservada con respecto al grado de compromiso que le demanda CESM. La búsqueda de una solución la ha dejado en manos de la citada comisión interministerial, que comenzará a trabajar después del verano.

En cuanto al otro gran asunto sobre el que giró la reunión con la ministra, el Pacto de Estado por la Sanidad, los médicos españoles volvieron a calificarlo de “necesario, urgente e imprescindible”, y expresaron su temor a que no haya una voluntad firme por llevarlo a cabo en las condiciones que desearían, las cuales pasan por asegurar el mantenimiento de un sistema que es en líneas generales bueno, pero cuya viabilidad futura exigirá grandes dosis de realismo, e incluso de sacrificio, por parte de todos.

En particular, el sindicato puso de manifiesto que el traspaso de la gestión sanitaria a las comunidades autónomas no ha ido acompañada de mecanismos que garanticen la cohesión e igualdad del SNS. En principio, esta labor le compete por ley al Consejo Interterritorial de Salud, donde se sientan todas las CCAA y el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, lo cierto es que este órgano es más una caja de resonancia de las diferencias políticas -y hasta demagógicas- entre partidos políticos que un foro desde el que dirigir con altura de miras y acierto un servicio público que pertenece por definición a todos los españoles. El criterio de CESM al respecto siempre ha sido claro: que el Ministerio de Sanidad lidere el Consejo Interterritorial, y que las decisiones que se adopten en su seno sean ejecutivas y de obligado cumplimiento para todos los servicios autonómicos de salud. Por tanto, el sindicato quiere que el Pacto de Estado incluya tal premisa entres sus conclusiones básicas.

Sostenimiento financiero

Junto a una mayor coordinación, se hace necesario sostener económicamente un sistema sanitario cuyo nivel de gasto está llamado a seguir incrementándose en el futuro por factores tales como el envejecimiento de la población o la mayor demanda (en cantidad, calidad y complejidad técnica) de prestaciones.

CESM pide que el porcentaje de PIB dedicado a Sanidad se acerque a la media de los países europeos con los que habitualmente nos comparamos, lo que significa subirlo en torno a dos puntos.

También defiende que los presupuestos que distribuye el Estado a las autonomías para financiar la Sanidad tengan un carácter “finalista”, o sea, que o no se puedan dedicar a otros fines que no sean aquellos para los que se han concedido.

Política de personal

Uno de los ámbitos en lo que CESM considera más perentoria la cohesión (entre otras razones porque es también donde mayor arbitrariedad ha habido en los últimos años), es el de la política de personal. Los médicos no entienden que las condiciones laborales y de promoción y desarrollo profesional varíen sustancialmente, o que haya diferencias en el cómputo retributivo global de hasta el 30% según el servicio autonómico de salud para el que se trabaje. El criterio de CESM, en definitiva, es que todos los médicos del SNS han de regirse en estas cuestiones por unos parámetros homologables que garanticen igual trato y hagan factible el derecho a su circulación por el conjunto del sistema.

Las instancias adecuadas para la coordinación de la política del personal deberían ser la Comisión de Recursos Humanos y el Foro Marco para el Diálogo Social. Ambas ya existen y están presididas por Ministerio de Sanidad, pero hasta el momento se han mostrado bastante ineficaces porque sus decisiones no pasan al Consejo Interterritorial con la valoración previa de resultar vinculantes para todo el SNS.

Al margen de estas cuestiones, que son las que encabezaron la agenda de la reunión, también hubo tiempo para recordar a la ministra que sigue pendiente el compromiso de su departamento (adquirido hace casi dos años por Bernat Soria) de confeccionar un Registro Público de Médicos.

Asimismo, y como no podía ser de otro modo, fue objeto de mención el proyecto de real de decreto para la acreditación de médicos no comunitarios. En este sentido, CESM aludió a las alegaciones que ha presentado al mismo y expresó su confianza en que sean tenidas en cuenta en el preceptivo trámite de audiencia previo a la aprobación de la norma.

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