Los datos de violencia registrados en 2016 por el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial, expuestos hoy en rueda de prensa, ascienden a 495 casos frente a los 361 del año anterior, lo que supone un incremento del 37,12%.
Por comunidades autónomas, las que han registrado un mayor número de agresiones denunciadas en los colegios han sido Cataluña (109), Andalucía (102) y Madrid (99), aunque la incidencia mayor por mil colegiados se ha producido en Melilla, Extremadura y Ceuta.
Del estudio, se desprende un porcentaje mayor de agresiones a mujeres según sexo: el 58,38% de los agredidos son mujeres y el 41,62% hombres. En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 87% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 13%, experimentando este último un ligero descenso respecto al año anterior (14%).
Y, por sexo, en el sector público, el 58% de los agredidos son mujeres y el 42% hombres y, en el sector privado, el 48% fueron hombres y el 52% mujeres.
Y, sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primaria la que se lleva la mayor parte (55%), frente a la Hospitalaria (17%); las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria tienen un porcentaje de un 10% y un 18% cada una de ellas.
De los agresores, el 71,5% son pacientes, el 26,6% son familiares y el 1,8% pacientes desplazados.
En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 42,8% se producen por discrepancias en la atención médica; el 15% por el tiempo en ser atendido; el 11,1% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 11,1% por discrepancias personales; el 9,3% por informes no acordes a sus exigencias; el 6,3% en relación a la incapacidad laboral; el 4,5% por el mal funcionamiento del centro; y el 18% por otras causas.
Del total de agresiones, en el 13,4% de los casos provocaron lesiones, de las cuales el 41,2% fueron físicas y el 41,2%, psíquicas y el 16% conllevaron baja laboral, cifra similar al 15,5% del año anterior.
En 2016, desde el Observatorio se analizaron 76 sentencias, de las cuales, 56 fueron condenatorias; 16 absolutorias y en 4 se llegaron a acuerdos. 64 fueron falladas como delitos leves; 9 como delitos graves y 9 como falta por lesiones, amenazas, maltrato o falta de orden público.
De todas ellas, a 18 se ha impuesto prisión y 27 conllevaron privación y derecho de inhabilitación; y la mayor parte; 48, multas, en la mayoría de los casos, de una cuantía insignificante; 7 medidas de seguridad y otras 7 diversos tipos de pena. El análisis de estas sentencias muestra una gran variabilidad en la falta de unificación de criterios por parte de los órganos judiciales a la hora de tipificar las agresiones por lo que el Observatorio trabaja para que se unifique la tipificación judicial en todas las comunidades.
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