Confía en que esta situación se resuelva de la manera más satisfactoria posible para todas las partes, incluyendo a los pacientes y médicos que prestan la asistencia.
Señala que el trato por parte de la administración autonómica «debe ser el mismo» para los sanitarios de la pública y la privada. Lo contrario sería una vulneración flagrante del principio de igualdad.