El sindicato de médicos AMYTS se está planteando si hay «algún resquicio legal» en el contrato urgente que la Comunidad de Madrid ha adjudicado a una empresa del grupo Quirón para incorporar 22 rastreadores durante tres meses, según ha explicado este martes el secretario general del sindicato, Julián Ezquerra.
En declaraciones a Efe Televisión, Ezquerra se ha preguntado, además, si la empresa adjudicataria, Quirón Prevención S.L., contaba con «información privilegiada» al haber empezado a buscar esos rastreadores antes de la publicación del contrato.
El portal de contratación de la Comunidad de Madrid publicó el lunes el contrato que la Consejería de Sanidad ha adjudicado por la vía de urgencia a una empresa del grupo Quirón un contrato de tres meses con un importe de 194.223 euros para la «detección de contactos estrechos» de coronavirus, mediante un equipo de 22 sanitarios. El equipo se compone de 20 auxiliares de enfermería y 2 médicos, que deberán realizar al menos 190 encuestas diarias.
El contrato se adjudicó el 7 de agosto «por procedimiento sin publicidad», después de que la Dirección General de Salud Pública madrileña anunciara «la dificultad para cubrir los puestos ofertados» y tras recurrir a universidades y municipios en busca de voluntarios no remunerados.
Para Ezquerra, esta contratación es «absolutamente vergonzante, vergonzosa y lamentable» porque «desde hace meses» se viene conociendo la «necesidad» de contratar rastreadores y reforzar la Atención Primaria. «Esto viene desde hace ya meses, por tanto, la excusa de que ahora se pueda plantear la necesidad urgente de una contratación (…) sin publicidad y directamente a una empresa nos parece bastante vergonzoso y deja muy en evidencia la forma de trabajar que tiene la Consejería de Sanidad», sostiene el secretario general de AMYTS.
Asevera, además, que en el sindicato «se nos está planteando el dilema de ver si esto tiene algún resquicio legal que se pueda plantear» porque «está claro» que «no se ha producido esta necesidad de forma repentina y urgente». «No entendemos desde el punto de vista jurídico que esto se pueda acometer», ha añadido Ezquerra, a quien, además, le parece «sorprendente» que «con carácter previo» al contrato la empresa adjudicataria estuviese buscando a través de internet rastreadores.
«Entendemos que con información que podía ser privilegiada, sabían que se iba a adjudicar este tipo de contrato (…). Han avisado ‘oye, os vamos a contratar, id buscando gente’, y ellos, que no han sido lo suficientemente hábiles como para esperar a que se publique la adjudicación y hacer la contratación, tenían preparada la búsqueda de rastreadores con carácter previo a la adjudicación», ha agregado.
Ezquerra también ha subrayado que los 22 rastreadores, que se suman a los 400 que Madrid dice tener en funcionamiento, siguen siendo «insuficientes«, ya que, dada la población de la región, se necesitarían entre 800 y 1.000 profesionales haciendo seguimiento de contactos.
Una situación que, a juicio del sindicalista, se puede «solucionar si hay voluntad por parte de la Consejería». «Ahora mismo la contratación de rastreadores, basándonos en el perfil sanitario (…), se pueden encontrar con seguridad porque hay muchísima gente», ha asegurado.
