El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha requerido a la Conselleria de Sanidad para que vacune contra la COVID a los médicos de la sanidad privada en la provincia en igualdad de condiciones y tiempos que los de la pública. La decisión se produce tras una demanda interpuesta por el Colegio de Médicos de Alicante a través del abogado que también defiende al sindicato CESM CV.
En este sentido, ordena a la Administración que remueva cualquier obstáculo que dificulte la vacunación de todo el personal médico que ejerce en la provincia, sea cual sea su vínculo, con el mismo orden y prelación que el público, y que vacune a los trabajadores sanitarios que trabajan en la privada «sin dilación, discriminación o demora alguna» respecto a los otros, tanto en el caso de los de la primera línea como, posteriormente, en el otro personal sanitario o sociosanitario que va segundo en el orden de prelación.
Así lo acuerda en un auto, de fecha de este mismo jueves, en el que el magistrado resuelve una pieza de medidas cautelarísimas ante un escrito del Ilustre Colegio de Médicos de la Provincia de Alicante, que pidió, a través de este procedimiento, que se exigiera a la administración autonómica que se eliminara «cualquier impedimento que obstaculice o dificulte la vacunación de todo el personal médico» que trabaja en la sanidad privada en la provincia en «las mismas condiciones» que el de la pública.
El magistrado atiende a la urgencia de la petición dado que el proceso de vacunación se inició hace un mes sin que el segundo grupo en el orden de prelación de la vacuna -sanitarios de primera línea- y, en concreto, los de la privada, hayan accedido a la vacuna. «Casi un mes de demora en un ámbito sanitario donde el número de contagios ha crecido exponencialmente», señala, y añade que la Administración no puede «abandonar» ni «dejar a su suerte» al personal de la privada, aunque no se pronuncia sobre si hay discriminación, ya que se trataría de una cuestión del fondo del asunto.
En su resolución, adoptada antes de haber dado traslado a la parte demandada, el magistrado acuerda continuar la pieza separada de medidas cautelares y comunicarlo a la Generalitat Valenciana para que en tres días presente alegaciones en relación con el levantamiento o mantenimiento de esta medida, que afecta únicamente a la provincia de Alicante al no poder dar «extraterritorialidad» a la decisión.
A juicio del juez, con esta decisión, a la que ha tenido acceso Europa Press, «el interés público no solo no se ve perjudicado sino que se ve reforzado en la medida en que la función de cualquier médico situado ‘en primera línea’ (sea público o privado) es la de salvar vidas ajenas, y ello pasa necesariamente por cuidar la propia salud y vida de quienes deben salvar la de otros».
El magistrado, que reconoce la legitimación de la entidad colegial para plantear su petición, señala que en el documento de estrategias para la vacunación contra la COVID-19 de los grupos por etapas se han priorizado cuatro -residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias; personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados-, al igual que en las instrucciones de la Conselleria de Sanidad, que no contienen «diferencias entre el personal».
Para el magistrado, es «una evidencia» que este acuerdo «no distingue» entre personal que ejerza su trabajo en la pública y la privada y señala que, en aplicación de los principios generales del derecho, el trato por parte de la administración autonómica «debe ser el mismo» para los sanitarios de la pública y la privada, máxime cuando en la vacunación de los usuarios de las residencias y el personal no se ha distinguido entre las que son del sector público y el privado.
El juez sostiene que, de no ser así y de no acceder al mismo trato, se estaría ante una «vulneración flagrante» del principio de igualdad, con derivaciones a otros de mayor calado como el derecho a la salud o la vida, «además de la propia responsabilidad personal e incluso penal en la que puedan haber incurrido quienes hayan dado lugar a esta situación».
«Tendría una muy difícil explicación que la administración autonómica valenciana hubiera relegado al personal de la sanidad privada por criterios políticos en una cuestión con implicaciones constitucionales tan evidentes y ante la existencia de una normativa (…) que no contempla esta distinción», apunta el magistrado.
Asimismo, hace referencia a la denuncia del Colegio de Médicos sobre la «absoluta desorganización» en la administración de la vacuna, que ha sido suministrada a algunos alcaldes, para afirmar que aunque el «hastío del personal médico es más que comprensible», no puede hacer pronunciamiento alguno sobre este extremo.
Ante esta decisión, la entidad colegial ha mostrado su satisfacción en un comunicado porque «repone en sus derechos a todos los médicos con independencia del lugar y el modo en el que ejercen la profesión» y aseguran que seguirá «vigilante» para que se lleve a efecto esa resolución.
Forenses y prisiones
Por otra parte, el Colegio de Médicos de Alicante ha denunciado que tanto los médicos forenses como los de prisiones carecen de protocolos de vacunación y no han recibido la dosis, y el abogado de la entidad colegial también ha denunciado que el COMA ha tenido conocimiento de la vacunación en hospitales a médicos jubilados, extrabajadores y familiares de empleados sanitarios y personal administrativo.
