La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que con más de 50.000 afiliados es la organización mayoritaria en el sector, quiere dejar pública constancia de que rechaza completamente el proyecto de decreto elaborado por el Gobierno de las Islas Baleares que exige conocer el idioma catalán para trabajar en la sanidad pública.
El despropósito que significa esta medida (impulsado por el partido Mes y asumido en el Parlamento regional por el cuatripartito que gobierna las islas), se pone de relieve si se tiene en cuenta que, según las estimaciones del sindicato médico balear (Simebal-CESM), supondrá excluir a 340 médicos interinos, a 3.500 profesionales de enfermería y a más de mil auxiliares. Cuando el hecho es que en Baleares se da una escasez crónica de profesionales por razones de su insularidad.
Asimismo, CESM quiere señalar que la imposición lingüística no obedece a una demanda social, como dan a entender a sus promotores. La prueba es que de las 7.000 quejas recibidas en el servicio de salud el último año, sólo 5 fueron puestas por personas que echaban en falta ser atendidas en catalán.
En relación con el problema planteado, CESM desea hacer también las siguientes puntualizaciones:
– La acreditación del conocimiento de la lengua autonómica en las Islas Baleares debe ser un mérito valorable y no un requisito sine qua non para el acceso a los puestos de personal facultativo sanitario asistencial.
– El proyecto no prima el derecho constitucional a la protección de la salud, que, como se ha dicho antes, puede verse afectado por las dificultades que genera (vía exclusión o desincentivación) a la hora de contar con los profesionales que se precisan para atender debidamente a los ciudadanos.
– La igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud es un principio básico que puede resultar afectado por la exigencia balear de acreditación de conocimiento de la lengua catalana, pues restringe ese principio, o al menos es susceptible de hacerlo.
– La obligación de los candidatos de acreditar los conocimientos de la lengua autonómica, y además mediante unos determinados certificados, subordinando la admisión a los procedimientos de cobertura de puestos a su aportación, puede resultar incompatible con el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, pues puede suponer un obstáculo a la libre circulación de profesionales.
En conclusión, CESM insiste en repudiar el citado proyecto y manifiesta su total apoyo al sindicato médico de las islas en cuantas iniciativas tome para oponerse al mismo.
FUENTES: CESM
