18 julio, 2018

Médicos de Madrid denuncian el “fraude social” del sistema sanitario público

De izda. a dcha,: Miguel Ángel García, Ignacio Hernández Medrano, Ángela Hernández, Julián Ezquerra, Rosa Urbanos y José Ramón Repullo

 

 

Ayer por la tarde, se celebró el XVII Círculo Sanitario de AMYTS (también retransmitido en directo a través del Canal YouTube del sindicato) que, bajo el título “#SanidadAlLímite”, abordó un análisis sobre las causas, efectos y alternativas posibles al deterioro del sistema sanitario público en general, y más en concreto, en la Comunidad de Madrid. En el mismo, participaron representantes del sindicato médico AMYTS, de la clínica, de la Escuela Nacional de Sanidad y de la Universidad. Presentado y moderado por el Dr. Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, el análisis global reflejó que vivimos una situación de engaño y fraude social por parte de los gestores políticos, que mantienen la ilusión de un sistema sanitario público desgobernado e infradotado presupuestariamente, soportado por un sobresfuerzo profesional al límite del agotamiento. Las posibles alternativas incluyen corresponsabilidad social entre la carga de los impuestos y el nivel de prestaciones recibidas, implican transparencia, participación de los profesionales en la toma de decisiones y buena gobernanza.

Un resumen de las distintas intervenciones es el siguiente:

La Dra. Ángela Hernández, cirujano general del Hospital del Sureste y presidenta del sector de Hospitales de AMYTS, inició el debate con una presentación de la situación actual de los médicos en la Comunidad de Madrid. Destacó la ausencia de datos oficiales e indicó que las cifras ofrecidas responden a recopilaciones parciales. En el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) trabajan más de 18.000 facultativos. Su gestión se distribuye en un 69% a través de gestión directa, un 23% de laborales entre los que están incluidos los MIR, un 7% de los hospitales de gestión indirecta y un 1% del Ingesa. En la sanidad privada trabajan 9.200 facultativos, aunque no es posible discernir cuántos de ellos lo hacen en exclusiva o compatibilizan su actividad con el servicio público. En el SERMAS el 65% de los facultativos son fijos y el 35% temporales.

Entre la problemática concreta de los médicos, destacó que las retribuciones están entre las más bajas de Europa, con grandes diferencias salariales asimismo entre comunidades autónomas que oscilan entre los 10.000 y los 15.000 euros para facultativos asistenciales, y en torno a los 6.000 euros entre los MIR en formación. Son factores descriptivos: la precariedad, la paralización de la carrera profesional (más de un año en proceso de reactivación), y la falta de movilidad y traslados. También se enfrentan a criterios de selección poco trasparentes, jornadas prolongadas, y sobrecarga asistencial. La consecuencia es médicos agotados, maltratados por su empleador y frustrados en sus expectativas. Algunos huyen: la fuga de médicos a otros países se mantiene en unos 3.000 al año, convirtiendo en inútil la inversión pública en su formación.

El Dr. Miguel Ángel García, coordinador de formación de AMYTS y máster en Bioética, abordó la repercusión que tiene una sanidad al límite sobre la profesión y sobre la población, es decir, “maltrato profesional, maltrato poblacional” (caos en las Urgencias, listas de espera, Atención Primaria sobrecargada de forma crónica… ). Una situación, añadió, que no es exclusiva de nuestro país, sino que afecta también a otras sociedades con servicios sanitarios desarrollados como los de Australia, Francia, Reino Unido o Canadá. El problema común, parece ser, indicó, que no se dimensionan las necesidades poblacionales con los recursos. No se trata de un problema de médicos con pacientes sino de decisiones políticas. Desde su punto de vista es un auténtico “fraude social”. Se persigue a quien denuncia situaciones de “sanidad al límite” y se intenta maquillar la realidad. Negación de la situación en vez de intentar que el sistema sanitario funcione. Algo intolerable que AMYTS ha decidido denunciar con campañas contra la sobrecarga asistencial, el maltrato a los profesionales y las agresiones de algunos pacientes fruto del pico de desencuentro. En su opinión es necesaria tanto una oferta responsable de servicios como un consumo igualmente responsable de los mismos, dando protagonismo a la sociedad y reconociendo a los profesionales. Ante las dificultades de una alternativa de este tipo, se preguntó si el sistema es viable y si se puede seguir descargando la responsabilidad de las carencias del sistema en los profesionales.

El Dr. José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad y director técnico de la Fundación de Formación de la Organización Médica Colegial (OMC), comenzó su intervención hablando de sostenibilidad. No se puede mantener una sanidad nórdica con presupuestos africanos, y recordó que en la sociedad española, sumadas todas las deudas, nos enfrentamos a una deuda por habitantes de 82.562 euros. El sector sanitario ha perdido durante la crisis 10.000 médicos y 30.000 enfermeros y eso se nota. Desde su punto de vista, un sistema nacional de salud que no dedique al mismo por lo menos el 6% del Producto Interior Bruto (PIB), no puede recibir ese nombre. Nos encontramos ante un cambio inaplazable, hay que hacer algo con “compromiso, esfuerzo e inteligencia”. En este sentido,  y huyendo de los extremos, apuntó una posible tercera vía en “profesionalismo”, “salubrismo” y “buen gobierno”. Para el profesionalismo, defendió un “gremialismo atemperado por la conciencia social y capacidad de autocrítica”; para el salubrismo habló de la necesidad de combinar un enfoque individual respetuoso con la evidencia y la autonomía; y para el buen gobierno, recomendó huir de toda opción autoritaria o impuesta por las condiciones del mercado.

El Dr. Ignacio Hernández Medrano, neurólogo del Hospital Ramón y Cajal, co-fundador y CEO de Savana, ofreció la perspectiva del impacto del big data y la inteligencia artificial en la práctica médica. Entre los profesionales existe una preocupación por la posibilidad de que medios diagnósticos basados en big data (como el que recientemente ha aprobado la FDA de EEUU para retinopatía diabética), puedan desplazar la atención personal de un facultativo. Hernández Medrano hizo hincapié en la velocidad exponencial en la que se desarrolla este nuevo ámbito de la práctica clínica, y señaló, por ejemplo, que no se tardará mucho tiempo en ver sentencias que condenen a un médico por no haber consultado el big data. Hizo asimismo un repaso de los avances en genómica, el abaratamiento de la secuenciación, en la actualidad próxima a los 300 euros, y que seguirá bajando; pero sobre todo, en la opción futura de una medicina personalizada basada con exactitud en la investigación genómica, pero que tendrá un altísimo coste que posiblemente los sistemas sanitario no podrán asumir. Llamó la atención de que esa secuenciación del genoma se introduce también en otras industrias como la cosmética y la nutrición, que harán ofertas a medida. Por otra parte, llamó la atención del gran acúmulo de datos que ya se obtienen de las distintas pruebas se acrecentará por la práctica monitorización a través de sensores (wareables), que muy posiblemente evolucionarán hacia tatuajes o lentillas. Con respecto a la historia clínica, la definió como la gran herramienta para que a través del big data pueda dar previsiones precisas, lo que tiene implicaciones fuertes en gestión, en investigación y en resultados en salud. Desde su punto de vista, en función de lo que está sucediendo en los EEUU, la incorporación de big data e inteligencia artificial en la medicina no genera una pérdida de puestos de trabajo entre los médicos, sino que propicia la asignación de éstos a nuevos papeles.

La Dra. Rosa Urbanos, profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), explicó las bases económicas que han generado el deterioro de la sanidad pública en los últimos años. Según señaló, en el momento más duro de los recortes, que afectaron a todas las políticas sociales durante la crisis, el sobreesfuerzo de los profesionales sanitarios amortiguó el impacto de los mismos sobre la población. La tensión no se puede seguir manteniendo, pero… tenemos que ser conscientes -añadió- del momento delicado que estamos atravesando con una deuda pública del 98,3% del PIB en 2017, y siendo España el único país en el Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea.

Para esta experta, los españoles están dispuestos a pagar más impuestos para tener una mejor cobertura sanitaria, pero hay una cierta hipocresía social, ya que simultáneamente, se consienten actitudes de evasión fiscal. Existe la sensación de que en España se pagan más impuestos que en otros países aunque es falso, se trata de una percepción derivada de los desequilibrios sociales. Desde su punto de vista, hay que potenciar la salud pública e invertir en aquello que tiene utilidad. También es necesaria una alta dosis de pedagogía política para deshacer tópicos como: “la salud no tiene precio”, “más atención sanitaria siempre es mejor”, o “igualdad es igual a equidad”. Dado que estamos en una situación extrema, no se pueden mantener prestaciones de países ricos con presupuestos de países pobres. Es necesario fijar criterios sobre qué innovaciones queremos financiar, distinguir entre valor y precio, y profundizar en conceptos como coste-efectividad, buen gobierno o mecanismos de incentivación, como el pago por desempeño.

Finalmente, se produjo un vivo debate entre los asistentes y los ponentes en el que quedó evidenciada la excesiva burocratización, sobrecarga asistencial y frustración de los médicos de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, que desde sus respectivas perspectivas reafirmaron su voluntad de sostener una sanidad pública. Eso sí, señalaron que cualquiera de las actuaciones posibles comentadas debe partir de la premisa de “cuidar al cuidador”.

 

FUENTES: AMYTS

 

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