Se cumplen 20 años del asesinato de Ernest Lluch, predicador del diálogo, por la banda terrorista ETA.
Corrían los años 80 del siglo pasado cuando el partido socialista había ganado las elecciones con una mayoría abrumadora (1982) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) era un sindicato profesional de médicos ya consolidado por el proceso representativo de elecciones sindicales. Lluch, hombre dialogante y respetuoso con la representación de la sociedad civil, era ministro de Sanidad (1982-1986). Ramiro Ribera, cirujano cardiovascular de prestigio y respetado, ocupaba la presidencia de la Organización Médica Colegial (OMC) y Juan Blázquez, médico dialogante y negociador incansable era el secretario general de CESM.
El objetivo fundamental del ministro de Sanidad era sacar adelante y aprobar la Ley General de Sanidad (LGS) y el proyecto no era fácil, pues había que negociar no sólo con los partidos políticos, sino también con las centrales sindicales de clase y con la representación de los médicos (OMC y CESM). Confieso que echo de menos aquellos años de la negociación de la LGS, con contactos duros e intensos, pero donde había un respeto democrático a la representatividad de los negociadores. Es justo reconocer el hecho trascendental de la aprobación de una ley tan necesaria, equitativa y solidaria, gracias a los tres protagonistas antes mencionados, y de forma muy especial a Ernest Lluch, junto al desprecio a sus asesinos.
Otros actores secundarios en la negociación, que hacíamos el trabajo en la sombra, se merecen también un reconocimiento: Pedro Sabando, subsecretario de Sanidad, reumatólogo de prestigio y negociador fino, exquisito e incansable; Enrique de Porres, una cabeza afortunada, negociador de luces largas y siempre de acuerdos rotos. Y servidor, presidente de la Federación de Médicos Extrahospitalarios de CESM (médicos titulares y de cupo y zona).
Fueron largas jornadas de negociación, con desayunos en el comedor del Ministerio, y quizás cabe preguntarse si tan importante papel jugó CESM en la negociación de la LGS. La respuesta es sí. La razón fue la tensa relación que mantenían el ministro de Sanidad y el presidente de la OMC, tan tensa que éste último pedía a los médicos que mostraran su desacuerdo con la llamada ‘Operación Primavera’ con caceroladas incluidas y con el anhelo de que CESM se convirtiera en el brazo armado de dicha operación, que finalmente no tuvo demasiado éxito.
Ésta fue la justificación -según mi recuerdo- para que el Ministerio nos diera a CESM el protagonismo antes referido bajo el paraguas del diálogo y de la democracia representativa. Eran unos tiempos difíciles en las relaciones entre Gobierno y médicos. Como ejemplo de esto, la frase del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que decía «no pararé hasta ver a los médicos en zapatillas». Eran los tiempos de la reforma ‘a la cubana’ (defendida por muchos, pero no por el ministro de Sanidad).
La Ley General de Sanidad promulgada en 1986, en la que se establece la protección de la salud fijada en el artículo 43 de la Constitución, necesita pocos añadidos después de todo lo que se ha escrito de ella. Sí podemos referir que dicha ley se aprobó sin la memoria económica, algo que no supuso problema para el entonces ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Vargas (1986-1991). La negociación con él fue en el respeto de la democracia representativa desde la colaboración leal, pues el desarrollo de la LGS nos presentaba muchos encontronazos. En mi opinión, fue un buen ministro al que admiro y aprecio.
Hasta ese momento negociábamos en el marco de la democracia representativa, pero los siguientes responsables de la cartera sanitaria la olvidaron: Julián García Valverde (fue sólo Julián ‘el breve’, diez meses duró por los problemas en la gestión de RENFE); José Antonio Griñán ‘el empecinado’, 17 meses estuvo en el cargo, del que salió peleado con los médicos y los ERES, y así perdimos la democracia representativa.
Pasaron cuatro ministros más sin pena ni gloria. La negociación se perdía con cada nuevo ministro que se instalaba en el Paseo del Prado. Llegó el año 2002 y con él la ministra Ana Pastor Julián, con quien volvimos a negociar desde la representatividad. Estuvo sólo dos años y tuvimos que vérnoslas con ella y con el director general de Recursos Humanos, Jaume Aubia, para aprobar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Nosotros, los médicos, perdimos el bien más preciado, el Estatuto Jurídico del Personal Médico, y con él nuestro colegio electoral único (¡qué putada!) y la Mesa del Médico, para el médico y con el médico. Pese a todo, considero que fue una buena ministra, apreciada y estimada por los profesionales.
Desde ese momento el valor político del Ministerio de Sanidad ha ido a la baja, con once ministros hasta el actual que no han conocido el sistema sanitario y habiendo olvidado la democracia representativa. ¡Qué pena! Sólo nos faltaba ya la pandemia de COVID19…
Por eso quiero dirigirme a nuestros queridos gobernantes: los expertos somos los médicos y nos habéis ignorado. Por si fuera poco, el decretazo 29/2020 es una ignominia para el profesionalismo y para la seguridad de los pacientes y el sistema de formación de los MIR de nuestro país, ejemplo de reconocido prestigio. Rectificar es de sabios y estamos a tiempo de rectificar. Buscar la verdad y la democracia son las bases de la filosofía.
