En un momento en el que la calidad asistencial depende esencialmente del acto diagnóstico, resulta inaceptable que las decisiones que afectan a la organización del trabajo médico y a la distribución de competencias entre categorías profesionales se tomen sin criterios técnicos y sin participación médica efectiva. Este documento expone por qué la intervención política sin formación sanitaria y sin evaluación de competencia representa un riesgo para el sistema de salud.
1. Los políticos pueden tomar decisiones sin formación sanitaria
Los cargos políticos acceden a sus responsabilidades por designación o elección, sin necesidad de acreditar conocimientos ni experiencia en el ámbito sanitario. Esta falta de capacitación técnica no les impide legislar o aprobar medidas que afectan de forma directa a la práctica médica, incluyendo la definición de funciones clínicas y la organización de servicios.
Pese a esto, se da la circunstancia de que actualmente -y contrariamente a lo que hemos vivido en los últimos años- contamos con una ministra de Sanidad que sí es médica de profesión, por lo que sí es conocedora de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales. Sin embargo, esta circunstancia a priori positiva y que permitía depositar en el cargo esperanzas de un cambio importante, se ha tornado en frustración y decepción al comprobar cómo, pese a su condición de compañera y la unanimidad de las organizaciones que representan a los profesionales, no se ha comprometido a plasmar en un estatuto propio la patente singularidad del colectivo médico. La sensación de desprecio es mayor cuando proviene de alguien que conoce perfectamente las condiciones de formación y laborales de los profesionales, algo que ha contribuido a la motivación para poner en marcha una campaña de movilización que hacía años que no se producía y que ha conllevado incluso la convocatoria de una huelga médica a nivel nacional.
2. Usurpación de funciones médicas por decisión política
En los últimos años, hemos asistido a intentos reiterados de delegar funciones clínicas —diagnóstico, seguimiento terapéutico, prescripción— en categorías profesionales que no poseen la formación ni la responsabilidad legal para asumirlas. Esta práctica, avalada o promovida por decisiones políticas, compromete la seguridad del paciente y desdibuja el marco legal de competencias establecido por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y las directivas europeas.
3. El pretexto de la eficiencia: una trampa peligrosa
La sustitución del médico por profesionales con menor cualificación se justifica en nombre de la eficiencia o del trabajo en equipo. Pero lejos de mejorar la asistencia, esta estrategia la precariza, introduciendo riesgos clínicos y una falsa apariencia de ahorro que en realidad incrementa los costes derivados de errores, duplicidades y deterioro en la calidad del servicio.
4. Riesgos jurídicos y asistenciales
Cualquier intento de atribuir funciones diagnósticas, terapéuticas o de prescripción a categorías no facultativas puede suponer una infracción legal, así como un atentado contra el principio de seguridad clínica. El sistema jurídico reconoce la especificidad del médico como responsable del proceso asistencial, y eludir esta realidad mediante ingeniería política no exime de responsabilidad, ni protege al paciente.
5. La defensa de la función médica es una defensa del paciente
El acto médico no puede ser degradado por decisiones administrativas. Si el diagnóstico es el pilar de la asistencia, el médico debe tener presencia activa en la planificación, gestión y toma de decisiones organizativas. Proteger la función médica es proteger el sistema y garantizar una asistencia segura, rigurosa y eficiente.
Conclusión
La formación médica no puede ser sustituida por decreto ni por mayoría parlamentaria. Delegar funciones médicas a categorías con menor cualificación —por decisión política— es una irresponsabilidad técnica y un fraude asistencial. Si el diagnóstico es el eje de la asistencia, el médico debe tener voz en todas las decisiones que afecten a su función. Y eso incluye defenderla cuando otros —sin formación ni responsabilidad clínica— pretenden atribuirse su papel.
