La exposición de motivos del “Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión” ofrece una nueva batería de argumentos —contundentes, oficiales, irrebatibles— que sostienen con fuerza lo que llevamos años reclamando: un régimen específico que reconozca nuestra singularidad profesional y la sobrecarga estructural que padecemos.
Invitamos a todo médico y facultativo a leer esta exposición. No se quedarán indiferentes. Para abrir boca, rescatamos algunas perlas argumentativas que avalan la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales y que, paradójicamente, contrastan frontalmente con lo que el borrador del Estatuto Marco nos impone a nosotros.
Se menciona al historiador británico E.P. Thompson, quien afirmaba que «hubo un tiempo en que se pretendió expropiar a los trabajadores de todo conocimiento del tiempo, para que todo su tiempo fuera tiempo de trabajo». No sabemos por qué, pero nos ha venido a la mente esa expresión tan habitual en nuestro entorno: “por necesidades del servicio…”.
Más adelante, se expone que este proyecto legislativo pretende avanzar hacia “sociedades donde las personas sean más felices”, defendiendo que fijar la jornada en 37,5 horas semanales “es un gran avance que sitúa a nuestro país en la vanguardia del derecho al tiempo, estandarte de sociedades modernas, civilizadas y orientadas al bienestar de las mayorías”.
Y añade: “Lo que se cede en el contrato de trabajo es el propio tiempo de la persona trabajadora. Su tiempo de vida. Un tiempo que se enajena, durante el cual el trabajador se encuentra bajo el poder de quien lo emplea, que lo dirige y organiza”.
También se afirma que “la organización del tiempo de trabajo determina directamente la estructura de la vida del trabajador: su salud, su conciliación, su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad”. Razones todas ellas —dice el texto— que hacen imprescindible limitar y regular adecuadamente la jornada laboral.
Frente a esto, el borrador del Estatuto Marco sigue imponiendo a médicos y facultativos una jornada semanal que no solo supera las 37,5 horas, sino que llega a las 45 horas en cómputo cuatrimestral, y con ello, semanas en las que —por acumulación de jornada ordinaria y guardias— retrocedemos a condiciones propias de la revolución industrial. Sí, han pasado 116 años desde que en 1919 se fijó en España una jornada máxima de 48 horas semanales. Y los médicos y facultativos seguimos ahí. O incluso peor.
El propio proyecto de ley reconoce que reducir la jornada promueve el equilibrio entre vida laboral y personal y mejora el bienestar general, en un contexto donde la salud mental y física es una prioridad social y política.
Y si eso no bastara, aporta datos alarmantes: según estimaciones de la OMS y la OIT, en 2016 murieron en el mundo 745.000 personas por accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas vinculados a jornadas prolongadas, siendo 398.000 por ictus y 347.000 por cardiopatía isquémica. ¿Qué jornadas? Las de más de 55 horas semanales. ¿Nos suena?
En resumen: mientras desde el Ministerio de Trabajo se enarbola la bandera del “derecho al tiempo”, en el ámbito sanitario se consolida un modelo para médicos y facultativos que lo niega sistemáticamente.
¿Y qué decir de los sindicatos? Los mismos que firman con orgullo la reducción de jornada para el conjunto de trabajadores, aceptan y sostienen lo contrario para médicos y facultativos. ¿Alguien se atreve a llamarle a eso igualdad? ¿Quién ha dicho clasismo?
Para cerrar, el texto gubernamental remata con esta frase: “La reducción de jornada ha sido diseñada en el seno del diálogo social, dando lugar a un acuerdo entre Gobierno y las organizaciones sindicales más representativas (CCOO y UGT), el 20 de diciembre de 2024”. ¿El mismo diálogo del que estamos excluidos?
Así que sí, aunque creíamos haberlo dicho todo, esta exposición de motivos del propio ministerio nos da nuevos y sólidos argumentos para seguir defendiendo nuestro rechazo al borrador del Estatuto Marco. Porque, cuando el propio Gobierno reconoce que lo que se cede es tiempo de vida, lo que exigimos no es un privilegio: es dignidad profesional.
Estatuto propio, ¡ya!
Puedes acceder aquí al Proyecto de Ley completo.
