El futuro laboral de los trabajadores de las concesionarias sanitarias de la Comunidad Valenciana corre peligro. Según informa REDACCIÓN MÉDICA, después de que la Generalitat anunciara la semana pasada que los trámites para recuperar la gestión del Hospital de La Ribera (ahora en manos de Ribera Salud) están en marcha -ver Boletín de CESM del pasado 16 de septiembre-, su Consejería de Economía, a través de un escrito oficial, ha exigido a la mesa negociadora (compuesta por la empresa y los representantes de los trabajadores) que cambie una cláusula del convenio colectivo que afecta a la subrogación de estos profesionales. Economía admite ahora que es “imposible para la Administración” asumir la plantilla del Hospital de La Ribera (en su gran mayoría, personal laboral) porque esto supondría un agravio comparativo para el resto de trabajadores que ha superado unas oposiciones. Esta petición no se limita solo a Alzira (cuya concesión expira en 2018), sino al resto de acuerdos y que caducan años posteriores. El departamento que dirige Rafael Climent, como entidad laboral que registra y publica dichos convenios colectivos de la comunidad, exige expresamente que se modifiquen todos los párrafos que permitan a los empleados de estas concesionarias acceder a la Administración pública. (…)
La propuesta de Economía no solo ha levantado ampollas entre las plantillas afectadas, sino entre los sindicatos que operan en esta comunidad autónoma. Para Andrés Cánovas, presidente de CESM-CV, esta medida es “ridícula e imposible de llevar a cabo”, ya que “si el Gobierno ha decidido revertir la concesión, debe asumir también sus trabajadores con la misma condición laboral que tenían”.
Cánovas hace referencia a los 1.800 empleados que trabajan bajo régimen laboral en el Hospital de La Ribera, frente a los 400 que lo hacen en régimen estatutario, y que, en su opinión, “su puesto de trabajo no corre peligro”, zanja.
Fuentes: REDACCIÓN MÉDICA, 20-09-2016
