La medida «pone en evidencia que el Consell se preocupa más por la satisfacción ideológica de algunos de sus miembros que por la calidad asistencial”

 

El sindicato médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) considera una insensatez la pretensión de imponer el conocimiento del valenciano a todos los profesionales sanitarios y llama al personal de la Consellería movilizarse contra esta decisión.

El sindicato cree que «el Consell pone en evidencia sus prioridades, entre las que no parecen estar ni la calidad asistencial ni la excelencia del sistema sanitario, sino más bien la satisfacción ideológica de algunos de sus miembros».

El sindicato habla de «suicidio del Gobierno valenciano al pretender imponer, en contra de toda lógica, el conocimiento del valenciano a todos los profesionales sanitarios» y llama «a todos los trabajadores de la Conselleria de Sanidad a prepararse para dar una respuesta contundente en el caso de que se intente resucitar la batalla de los símbolos que únicamente persigue objetivos políticos e ideológicos muy concretos, legítimos pero en nada relacionados con los problemas reales de la ciudadanía valenciana».

Señala, por otra parte, que el anuncio de excepciones a esta medida en caso de déficit de personal «no hace sino agravar el sinsentido de la medida: si algo es obligatorio lo es siempre y no sólo cuando al político de turno se le ocurra que ello no le causa problemas».

Nunca había surgido este problema en nuestro ámbito, señala CESM, «pero ahora podemos vernos abocados de modo innecesario a enfrentamientos identitarios que a nada conducen.

Complicada negociación

Los responsables de Administración Pública, Gabriela Bravo, y Educación, Vicent Marzà, explicaron este martes a los representantes de los sindicatos el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno valenciano para exigir unos mínimos conocimientos de valenciano a los funcionarios.

Tras una complicada negociación, los dos consellers han optado por modificar la propuesta inicial de Bravo con dos exigentes disposiciones finales a la normativa. Así, en la nueva redacción se recoge que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley de Función Pública se aprobará, a propuesta de la Conselleria de Administración Pública, un reglamento «que regule la acreditación del nivel de conocimiento del valenciano en el ámbito del empleo público de la Comunidad Valenciana».

La falta de concreción en el primer documento provocó las quejas de Compromís. Ahora, una segunda disposición deja claro que, si hay problemas a la hora de redactar el reglamento, el requisito se implantará automáticamente en función del grado de cada funcionario. Así, a los funcionarios del grupo A1, A2 y B se les exigirá un certificado C1 (el antiguo Mitjà); y a los funcionarios del C1 y el C2, los certificados B1 y B2, respectivamente (equivalentes al Elemental.

En este punto es cuando, como ya se recogía en la propuesta de Compromís y se pactó en su día con los sindicatos, se hace una excepción para el personal sanitario. Así, se indica que «excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, y en garantía de los servicios públicos, si hay necesidad de personal y éste no dispone de la competencia lingüística acreditada», se podrá contratar a trabajadores, aunque no «con carácter definitivo» siempre que medie «un informe que debe establecer la vigencia y la extensión de la exención mencionada.

 

 

Fuentes: NOTA DE PRENSA DE CEMS-CV – LA INFORMACIÓNEL MUNDO

 

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