Parece claro que existe un amplio consenso en la sociedad española, y también entre los políticos, sobre el rumbo que debe seguir nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS).
Los objetivos ampliamente compartidos pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
-Una sanidad pública y financiada mediante impuestos que garantice el derecho de todos los ciudadanos a recibir una asistencia de calidad.
-Un nuevo modelo de financiación estable, suficiente y finalista de acuerdo con los principios de cohesión territorial, igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones.
-Un órgano de gobierno que vertebre a los 17 servicios autonómicos de salud, facultad ésta que corresponde por ley al Consejo Interterritorial pero que hasta ahora se ha abstenido de ejercer.
-Tener una plantilla de profesionales adecuada a las necesidades asistenciales y lo más motivada posible para el desempeño óptimo de su especial labor. No en vano se dice, y es verdad, que los profesionales somos el principal activo del sistema.
-Mejorar la eficiencia del SNS mediante un plan de reformas que contemple la reducción al mínimo de la burocracia, la coordinación entre los niveles de atención primaria y especializada.
-Definir una cartera común de prestaciones para todo el país.
-Tarjeta sanitaria individual común para todo el SNS, en la que debería estar incorporada el historial de cada paciente.
-Garantizar la libre movilidad de pacientes y profesionales.
Estos son los mimbres del Pacto de Estado deseado, y que hasta la fecha no ha sido posible porque parece ser que los principales partidos, de puertas hacia dentro, reconocen su necesidad pero luego no se resisten a utilizar la sanidad como objeto de confrontación política permanente.
De hecho, el Pacto de Estado en Sanidad se ha convertido en una expresión hueca porque la gente ha comenzado a captar que los políticos la reservan sólo como comodín retórico de sus bellos discursos cuando están en el poder, mientras la olvidan y torpedean cuando se encuentran en la oposición. En definitiva, ha pasado a ser un concepto que no trasluce altura de miras y nobleza, sino intereses coyunturales con la vista puesta en obtener un rendimiento político a corto plazo, bien sea porque con ello demostrarían su sentido de Estado (cuando gobiernan) o porque hacer imposible su materialización contribuiría a deteriorar al adversario y colocarse en mejor posición de cara a las siguientes elecciones generales.
Se trata de un juego que ya resulta cansino por increíble, y lo extraño es que algunos políticos crean que les sigue siendo útil, porque lo cierto es que los ciudadanos ya no se deja embaucar en él y tienden (injustamente) a medir a todos ellos por el mismo rasero de la mediocridad y los intereses espurios.
Nada más adecuado que repasar la hemeroteca para comprobar su inconsistencia al respecto. Los grandes partidos políticos que podrían haber materializado el acuerdo han coincidido desde tiempos inmemoriales en en su necesidad, pero luego son incapaces de consensuar aquello en lo que aparentemente no hay diferencias de criterio. ¿Por qué? Ese tipo de cosas es lo que desconcierta a los ciudadanos, que llegan a la conclusión (con un carácter generalizador que es injustamente, insistimos) de que a los políticos no les mueve tanto el objetivo de salvaguardar el funcionamiento de uno de los pilares del Estado de Bienestar como el de utilizarlo como instrumento de confrontación entre sí, sea con razón, como ocurre algunas veces, o, como sucede en la mayoría, con carácter forzado y en alguna medida demagógico.
Propuestas
Ante esta situación, desde CESM nos reafirmamos en la necesidad más imperiosa que nunca de alcanzar ese acuerdo, y seguiremos haciendo valer las propuestas que siempre hemos hecho cuando se nos ha pedido criterio al respecto.
La primera de esas propuestas es que el SNS no puede seguir sometido a la discrecionalidad con la que actúan los servicios de Salud de las Comunidades Autónomas en aspectos como las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos o las políticas de personal.
La desintegración de SNS, que está dejando de ser un “sistema” estatal para convertirse en un conglomerado de servicios autonómicos que hacen y deshacen a su antojo, se manifiesta desde hace tiempo en hechos como los siguientes:
-Los pacientes comienzan a tener diferente acceso a los servicio de salud (tabaquismo, cambio de sexo, vacunaciones, etc.) dependiendo de la región en la que viven.
-Los médicos vemos coartado el derecho a la libre movilidad en el conjunto del Estado y nuestras condiciones laborales, así como de promoción y desarrollo profesional, varían sustancialmente entre las diversas CCAA. Verdaderamente, hemos llegado a un punto en que los profesionales sólo somos comparables en cuanto a la precariedad laboral y de medios (humanos y técnicos) que soportamos.
-Resulta complicado incluso llegar a acuerdos para crear institutos de investigación o centros para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras (por citar sólo dos ejemplos), que la lógica aconseja sean supracomunitarios.
El pacto que demanda CESM para resituar al SNS en la senda que nunca debió abandonar gira sobre tres ejes fundamentales: el primero es que el Ministerio ha de liderar el Consejo Interterritorial para hacer realidad los principios de cohesión y equidad, lo cual exige que las decisiones adoptadas en él sean vinculantes. El segundo eje es dotarle con mayores recursos económicos, haciendo un esfuerzo presupuestario similar al que llevan a cabo los países europeos más desarrollados, lo que significa incrementar el gasto público aproximadamente dos puntos sobre el porcentaje de PIB. Y el tercero, ya apuntado, contar con unos profesionales emocionalmente volcados (lo que guarda estrecha relación con el trato que ellos mismos reciben) en la sostenibilidad del sistema.
Se trata de metas razonables y en buena medida, como decíamos, compartidas por quienes podrían hacerlo posible.
La pregunta es la de siempre: ¿Por qué no se actúa en consecuencia?
