20 enero, 2018

Por un nuevo modelo de financiación del SNS

Francisco Miralles

Secretario general de CESM y portavoz del Foro de la Profesión Médica

 

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) considera insuficientes las partidas presupuestarias que reciben las Comunidades Autónomas para hacer frente los respectivos sistemas de salud, situación que es debida al hecho de que España no está haciendo el mismo esfuerzo que otras naciones europeas para cuidar la salud de sus ciudadanos. Es más: según las previsiones de gasto remitidas por el Gobierno a Bruselas, el porcentaje de PIB dedicado por el Estado a Sanidad seguirá cayendo del 6% actual (una décima menos que en 2016) al 5,6% en 2020. La nota de contraste la ofrecen países como Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Holanda…, donde las partidas públicas se mantienen y oscilan entre el 8 y el 10% del PIB.

Si a estos recortes presupuestarios se une la creciente demanda de cuidados por, entre otras razones, el progresivo envejecimiento de la población, se entenderá que la notable credibilidad del SNS sólo se mantiene gracias a la entrega y, en cierto modo, explotación de sus profesionales. Pero ya hemos advertido que esta situación no puede prolongarse ni un minuto más. Tiene un límite, y los médicos ya lo estamos expresando a gritos.

Nuestra propia propuesta sobre financiación del SNS, que hicimos llegar en su día al exministro de Sanidad Alfonso Alonso, y también al departamento de Hacienda, contempla el incremento de la aportación del Estado hasta como mínimo el 7,5% del PIB, así como tres principales medidas encaminadas a optimizar el gasto y favorecer por tanto la sostenibilidad de este servicio esencial para los ciudadanos.

La primera medida es que el Estado debe invertir más dinero en la salud de los españoles. El hecho cierto es que el gasto sanitario en España no es sólo bajo en comparación con los países de nuestro nivel socioeconómico, sino que además ha tendido a reducirse porcentualmente (y de manera notoria) desde 2010, descargando sobre los ciudadanos el esfuerzo que el Estado se niega a hacer. Esta situación debe revertirse para que no genere desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios. Proponemos en concreto, tal como se acaba de avanzar, que la aportación pública suba al 7,5% como mínimo (en porcentaje de PIB).

La segunda consideración es que los presupuestos destinados a Sanidad deben tener un carácter finalista. Es decir: garantizar que tanto los ingresos generados, como los ahorros que se generen por una mejor gestión de los recursos sanitarios, se destinan exclusivamente y en su totalidad a financiar la sanidad pública.

Hay que recordar, en este sentido, que actualmente el modelo de financiación de las CCAA permite a éstas decidir la proporción que dedican a Sanidad sin garantizar ninguna cantidad mínima, lo que contribuye a explicar la gran disparidad en el gasto público por ciudadano.

La tercera medida es que el reparto debe hacerse, básicamente, teniendo en cuenta el número de habitantes de cada comunidad autónoma, con una variación de hasta el 5% en función de circunstancias como la dispersión geográfica de la población, su grado de envejecimiento (asociado directamente a una mayor demanda de atención sanitaria) o el mayor coste que entraña la insularidad.

Por otra parte, además de incrementar la financiación pública y repartirla con criterios más equitativos, la sostenibilidad del SNS español requiere gastar mejor, racionalizar la organización de la asistencia e introducir nuevos mecanismos de regulación de la demanda. Sólo la combinación de ambas medidas –esto es: más dinero y sabiduría a la hora de administrarlo- permitirá que la sanidad pública siga siendo viable en el futuro.

Para optimizar el gasto, el documento de CESM incluye también una batería de medidas, como es la necesidad de llegar a un pacto de Estado que coloque a la sanidad al margen del debate partidista, dar mayor participación a los profesionales en la gestión de los servicios sanitarios y moderar tanto la demanda de atención (para lo que se propone una cartera común de prestaciones en todo el SNS) como el gasto farmacéutico.

Otras propuestas contempladas son mayor trasparencia en la gestión, centralización de compras, creación de una agencia de evaluación tecnológica encargada de planificar el uso y adquisición de instrumental técnico, dar una respuesta más eficaz a la atención que merecen los pacientes crónicos y potenciar el sector de atención primaria.

Sobre esta última cuestión, a la que el trabajo de CESM concede especial importancia, es preciso recordar que pese a ser la puerta de entrada al sistema y más del 85% de la demanda sanitaria podría resolverse en su seno, resulta que la Atención Primaria recibe sólo el 14-15% del presupuesto del SNS, mientras que a los servicios hospitalarios y especializados se dedica el 60-61%.

Nuestra organización sindical pide revertir el actual estado de marginación del primer eslabón asistencial. Para ello, propone que el sector reciba como mínimo un 25% de presupuesto sanitario público, que se incrementen las plantillas y se le dote de los medios técnicos necesarios para la realización de pruebas diagnósticas y actuaciones terapéuticas que eviten o moderen la derivación de pacientes al nivel hospitalario, donde el gasto es considerablemente mayor.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies