Bien es sabido por todos los abusos que han perpetrado los sistemas sanitarios públicos de España durante los últimos años (décadas podríamos afirmar sin miedo alguno a equivocarnos) con el uso de los contratos eventuales de los sanitarios en general y de los facultativos en particular.
Estas medidas, qué duda cabe, han obedecido siempre a un interés de la administración sanitaria, que le interesaba que los facultativos no pudiesen ser propietarios de una plaza por miedo a perder la docilidad que acarrea el saber que se está en una situación de debilidad laboral y por lo tanto no se puede protestar.
Los sindicatos médicos siempre han protestado por estas injustas situaciones, aunque, la verdad sea dicha, con escaso resultado al respecto. Por varias razones que ahora no viene al caso detallar, pero la verdad es que los jueces en esta materia no nos daban la razón.
Y el cuento seguía y seguía. Y los facultativos empezaban a cansarse de esta situación. Años de eventualidad cansan al más pintado. Muchos se marchaban a trabajar a otros países, otros lo hacían hacia la sanidad privada, otros simplemente aguantaban.
Hasta que un buen día llegó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (curiosamente no relacionada con sanitarios sino con profesores), y entonces, sólo entonces, la administración parece que se dio cuenta del abuso que había cometido con los profesionales sanitarios.
En el caso de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se planteó por fin que había que dar una solución a esta situación. Pero se llegó a esta decisión no solo por esta sentencia; hacía tiempo que el propio SAS se había dado cuenta que no era operativo estar haciendo renovaciones de los contratos cada cierto tiempo porque le consumía muchos recursos en los sistemas de selección de personal (Bolsa Única del SAS) y porque de todas formas necesitaba seguir contratando para poder mantener, aunque fuera bajo mínimos, los servicios de salud. A eso se sumaba la percepción de que poco a poco se iban perdiendo efectivos, esos que se cansaban y se acababan marchando a la privada. Así pues, qué mejor manera de “retenerlos” que dándoles la estabilidad que tanto se merecían.
Y en ello que nos pusimos manos a la obra en llegar a un acuerdo en qué, cuántos, cuándo y cómo hacerlo.
Desde el primer momento, cuando el SAS nos explicó en líneas generales sus intenciones, desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) vimos claramente los beneficios de esta nueva situación que se nos presentaba, no exenta de riesgos, pero que en líneas generales daba cabida a nuestras reiteradas demandas en materia de estabilidad en el empleo.
Al mismo tiempo estábamos inmersos en el desarrollo de una oferta de empleo público (OEP), traslados y las convocatorias de más OEP. De repente llegaban todas nuestras pretensiones de años atrás, como si fueran los Reyes Magos, como deben ser éstos, con ilusión.
El 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes (curiosidades que nos depara la historia), el SMA aprobó en la Mesa Sectorial de Sanidad el “Acuerdo para la consolidación en la plantilla de los puestos de trabajo que atienden necesidades permanentes a través de nombramientos eventuales”. El llamado Acuerdo de Interinación.
Bajo este acuerdo tenían cabida aproximadamente unos 15.000 profesionales sanitarios que pasarían a ser interinos. De ellos, un tercio aproximadamente serían facultativos. Las condiciones para tener cabida eran haber desempeñado un nombramiento de eventual en un puesto estructural al menos 12 meses en los últimos 24 meses a fecha de 31 de enero de 2017. Es decir, que íbamos a conseguir dar estabilidad a unos 5.000 facultativos, y además con ello se conseguía indirectamente que aflorasen esas plazas en plantilla, lo cual suponía que podían ser ofertadas a OEP y traslados.
Pero no todo fue tan bonito. Hubo que explicarlo. El acuerdo tenía sus detractores, pues obedeciendo a la literalidad de la sentencia, se consolidaba a los profesionales en “ese” puesto que ya desempeñaban. Es decir, no íbamos a someter a los candidatos a un proceso de selección por Bolsa Única. Pero la jurisprudencia en ese caso nos daba la razón.
A partir de ahí se constituyeron comisiones para resolver los casos de los eventuales que reunían los criterios y los que no. De ahí se elevaban a la intervención y se empezaban a formalizar los nombramientos.
Hay que decir que al principio las dudas y reticencias reinaban por las neuronas de muchos facultativos, recelosos, no sin razón, de si una vez más sería una chapuza de las que por desgracia nos tenía acostumbrados el SAS. Fue, y aún sigue siendo, un lento proceso, pues han sido muchos casos. Algunos eran más rápidos de tramitar la interinidad pues las plazas ya estaban creadas y no se habían cubierto. Pero en un volumen muy importante eran plazas nuevas a dotar y la intervención lógicamente tardaba más en autorizarlas.
Aun así, poco a poco la luz empezó a prevalecer sobre las tinieblas. Los facultativos vieron cómo se empezaban a firmar las interinidades y la confianza volvió a reinar.
A día de hoy, en septiembre, los datos que tenemos son que aproximadamente ya se han firmado unos 11.000 nombramientos de interinos y faltan otros 4.000 por autorizar por parte de la intervención.
Desde el SMA entendemos que había que apoyar este acuerdo, pues en esencia era bueno para los facultativos porque por fin se les daba estabilidad y porque salían a flote un número nada desdeñable de plazas que podrán ser ofertadas a OEP y traslados.
El SMA siempre superpuso el interés y el bien común de los facultativos apoyando la firma de este acuerdo.
Estamos seguros de que así lo han entendido los facultativos andaluces en general y nuestros afiliados en particular.
