16 julio, 2018

Baleares: todos los gerentes de los hospitales se oponen a la obligación del catalán

Los sindicatos Simebal-CESM y Satse, que tienen la mayoría sindical, abanderan desde el lado profesional la misma posición

 

Todos los gestores de los hospitales públicos de las Islas se oponen a la medida política del Govern del Pacte de exigir el catalán para trabajar en la sanidad pública en Baleares y así se lo han hecho saber a su jefe, el director general del IB-Salut, Juli Fuster (que a punto estuvo de ser destituido por oponerse al decretazo) en una carta.

Según informa EL MUNDO, Los gerentes están preocupados porque la medida, que entrará en vigor previsiblemente a finales de este año, ya está haciendo mella en la gestión diaria y no son pocos los profesionales que han mostrado su intención de irse a trabajar fuera de las Islas. Algunos ya lo han hecho, como es el caso de un neurocirujano del Hospital Universitario Son Espases de Palma, que se marcha a Ciudad Real a trabajar y deja una plaza muy difícil de cubrir, especialmente por la particularidad de la especialidad médica.

Consecuencias demoledoras

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal-CESM) y del Sindicato de Enfermería (Satse), que tienen la mayoría sindical, abanderan desde el lado profesional esta posición. Critican que exigir hablar el catalán supone la exclusión automática de miles de trabajadores que actualmente están inscritos en el bolsín de trabajo del IB-Salut. Y, además, advierten de que las consecuencias a medio plazo en los recursos humanos disponibles para desempeñar funciones en IB-Salut pueden ser «demoledoras».

Coinciden en que el decreto pone en riesgo la adecuada cobertura del sistema sanitario, particularmente en temporadas con picos en la contratación temporal como el verano, y avanzan que esta medida ocasionará perjuicios también sobre el resto de profesionales como la denegación de permisos o vacaciones en determinadas épocas ante la imposibilidad de cubrir las sustituciones, algo que ya ocurre en la actualidad.

Pese a las voces críticas, el partido nacionalista Més (uno de los que forman el cuatripartito que gobiernan las islas) ha conseguido que el decreto finalmente no recoja exenciones por categorías profesionales ni tampoco una moratoria que permita a los profesionales.

 

FUENTES: elmundo.es

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