La plataforma ciudadana Mos Movem ha presentado una demanda ante el TSJIB, porque considera que la mayoría de preceptos de la norma aprobada por el Ejecutivo de Armengol en marzo de 2018 «son ilegales e inconstitucionales».
En su versión definitiva, el decreto establece que se podrán presentar a las distintas oposiciones previstas por el IB-Salud todos los profesionales sanitarios que lo deseen, aunque ahora no tengan la preceptiva titulación de catalán establecida para cada categoría laboral. Pero exige que la titulación lingüística se consiga en los dos años siguientes. Si no es así, los profesionales serán penalizados laboralmente, ya que no podrán participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional.
La nueva norma ha provocado el rechazo también del PP, Cs, Actúa-Vox, el Sindicato Médico de Baleares, CSIF y diversas asociaciones de pacientes, que consideran que el decreto dificulta la posible llegada de profesionales desde la Península y que ello puede repercutir en la calidad asistencial.
FUENTES: abc.es
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