Informe de la reunión mantenida el 25 sobre sanidad penitenciaria

Continuando con el programa de trabajo que desde CESM venimos realizando
para intentar solucionar el grave problema de la sanidad penitenciaria, el
miércoles 25 de septiembre hemos mantenido una reunión con el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública, por parte del ministerio han participado el
subdirector general de relaciones laborales D. Héctor Casado y la subdirectora
adjunta de planificación y recursos humanos y por parte de CESM el
vicesecretario general Gabriel del Pozo Sosa y el vocal de prisiones Pedro A.
Martínez Sánchez.

Se les insiste en la necesidad de cumplir la ley de Calidad y Cohesión de la
Sanidad, después de más de tres lustros de incumplimiento y proceder a la
integración inmediata de la sanidad penitenciaria en la sanidad de las CC.AA.,
cómo única posibilidad de ofrecer unas prestaciones sanitarias en condiciones
de igualdad y equidad con las personas libres.

Nos sorprende el gran desconocimiento que desde el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública tienen de las condiciones laborales de los sanitarios
y de la situación de colapso que presenta la sanidad penitenciaria. Desconocen
también que la mayoría de las prisiones no funcionan como centros de salud sino
como centros de atención de urgencias, (con las carencias sanitarias que supone
descubrir una cardiopatía cuando sufre un infarto o un diabético cuando con la
primera hiperglucemia grave) y el enorme sobrecoste que esto conlleva. Nos
extraña que el Ministerio de Hacienda no vea que es mucho más costoso la
atención urgente hospitalaria que la inversión en profesionales sanitarios.
Con la intención de evitar el conflicto, al que nos vemos abocados, desde CESM
continuaremos manteniendo reuniones con todos los organismos afectados,
estamos a la espera de mantener una más con el Consejo General del Poder
Judicial, órgano del que dependen los juzgados de vigilancia penitenciaria y los
juzgados de lo penal, pues las personas condenadas a cumplir penas de prisión
tienen derecho a una asistencia sanitaria en las mismas condiciones que las
personas libres

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