Sentencia TJUE sobre la «vía europea» impulsada por AMYTS

El abogado Javier Arauz analiza el varapalo para las Administraciones

Sede del TJUE

El abogado Javier Arauz considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja abierta la vía para seguir reclamando ante los tribunales y las autoridades españolas los derechos laborales de los 800.000 interinos que trabajan en España.

El abogado considera que la sentencia da amparo legal para seguir reclamando ante los Tribunales españoles la fijeza de los contratos de quienes han dedicado toda su vida profesional al servicio de la ciudadanía

Arauz sostiene que la sentencia supone un importante avance en el reconocimiento de los derechos del personal interino y temporal del Sector Público, y un importante varapalo para las Administraciones Públicas españolas, por cuanto que acaba con los argumentos tradicionalmente utilizados por las autoridades españolas para negar sus derechos a estos empleados públicos temporales/interinos.

Así, la sentencia sostiene que las Administraciones públicas no pueden ampararse en la normativa actual para negar la existencia de un abuso, cuando el empleado público temporal no realiza tareas provisionales, ni excepcionales, sino estructurales; tampoco pueden ampararse en la existencia de un solo nombramiento para abusar de la temporalidad, destinándolos durante años a realizar funciones ordinarias y permanentes; ni en el hecho de que no impugnaron sus nombramientos y ceses.

Y lo que es más importante, la sentencia acaba con los procesos de estabilización y con los procesos selectivos, como mecanismo para cesar a los empleados públicos objeto de un abuso, en razón de que estos procesos selectivos no se convocaron por las Administraciones públicas cumpliendo los requisitos y los plazos que establece el EBEOP, esto es, incluyendo todas las plazas vacantes en las OPEs del año de nombramiento y, si no fuera posible, en el año siguiente. Y llega a afirmar, que estos procesos solo serían compatibles con la Directiva, si solo puede participar el personal objeto de un abuso.

De la misma manera, la sentencia declara que la figura del indefinido no fijo no es compatible con la Norma comunitaria, por cuanto que el indefinido no fijo no goza de los mismos derechos de estabilidad en el empleo que los fijos.

Y finalmente, la sentencia apunta que corresponde a los Tribunales decidir si, en nuestro país existe alguna indemnización efectiva y disuasoria específicamente prevista para compensar el abuso en la contratación temporal sucesiva y, en concreto, si las indemnizaciones del Estatuto de los Trabajadores en caso de despido improcedente cumplen estos requisitos.

Ahora bien, recordamos que el mismo TJUE ya dijo en su sentencia de 22 de enero de 2020, que las indemnizaciones del Estatuto de los Trabajadores, como no están previstas específicamente para sancionar el abuso en la temporalidad, no cumple con los requisitos de la Directiva.

Por ello, en tanto que los procesos selectivos no son nunca la sanción, y en cuanto que no existen indemnizaciones en nuestro país específicamente previstas para reprimir el abuso en la temporalidad, en nuestra opinión no cabe otra opción que la transformación de la relación temporal en una relación fija, tal y como viene señalando el TJUE, desde antiguo (vid, por todas STJUE de 25 de octubre de 2018)

Para Javier Arauz es la hora de reconocer, no solo con gestos, el compromiso de todos los médicos, enfermeros y personal de todo tipo de nuestro Sistema de Salud y de los restantes Servicios públicos, que están haciendo jornadas extenuantes y con precariedad de medios, defendiendo la salud, la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Muchos de ellos llevan años con contratos eventuales, sin estabilidad ninguna, sin horarios fijos y con la amenaza permanente del despido sin derechos.

El abogado Javier Arauz hace un llamamiento a las autoridades administrativas y judiciales para que, una vez superada esta grave crisis, se reconsidere la situación de estos miles de servidores públicos y se les dé por fin lo que en justicia les pertenece, un trabajo estable y digno por sus servicios a la sociedad.

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