La pasada semana la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentaba denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Sanidad solicitando medidas cautelarísimas para exigir que se dotara del material necesario a los profesionales sanitarios. La denuncia fue desestimada pero se ha presentado un recurso sobre la misma, y el mismo día el sindicato madrileño AMYTS presentaba una en los mismos términos contra la Comunidad de Madrid, petición que en este caso sí fue estimada, y obligaba a la administración a proveer el material necesario en un plazo de 24 horas, algo que la Comunidad trasladó a la administración estatal.
En la misma línea, el resto de sindicatos autonómicos han ido presentando sus denuncias contra los responsables de su territorio, corriendo suerte distinta. En Aragón fue estimada en primer lugar en Zaragoza aunque la DGA también ha presentado recurso, y posteriormente han sido también estimadas en Teruel y en Huesca. Por su parte en la Comunidad Valenciana, donde las tres provincias las presentaron por separado, fueron admitidas en Valencia y en Alicante y desestimadas en Castellón.
También han presentado denuncia las provincias castellanomanchegas en los seis partidos judiciales, siendo estimadas en todas ellas; primero en Talavera, Ciudad Real y Toledo y este lunes en Cuenca, Albacete y Guadalajara.
En Castilla y León, han sido presentadas de momento y estimadas en León, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora, Valladolid y Palencia. También ha sido estimada parcialmente en Soria. Del mismo modo, en La Rioja se han estimado parcialmente las medidas cautelares solicitadas en Logroño para proveer de los EPI a los profesionales sanitarios.
Por su parte las denuncias presentadas en Extremadura, tanto en Cáceres como en Badajoz, han sido desestimadas las dos, pero se han admitido aquellas cautelares presentadas en las áreas de Plasencia, Coria y Navalmoral, todas en Cáceres.
También se presentó la correspondiente denuncia en Ceuta contra el Ingesa, aunque ha sido desestimada.
En los mismos términos se presentó denuncia en Navarra, donde el juzgado de lo Social la desestimó, y a estas alturas estamos pendientes de respuesta para las presentadas en Murcia y en Galicia.
