Ha dimitido la consejera de Sanidad de Aragón. Y lo ha hecho por haber tratado a los profesionales sanitarios que están sacando la crisis COVID adelante como un grupo de críos que necesitan entretenerse para poder hacer bien su trabajo. Para negar con ello la evidencia, que sólo ella (y muchos otros políticos del gremio) no quiere percibir: que no se ha dispuesto de suficientes equipos de protección para permitir que los profesionales trabajaran con la
seguridad debida. Mofarse de la realidad, y de los profesionales que se ven tan expuestos a ella, le ha costado el cargo.
Afortunadamente, se ha dado cuenta y dimite. Pero en esto es un caso excepcional. Porque han sido muchos los cargos políticos y de gestión que han querido negar la realidad en aspectos tan ampliamente constatados como la carencia de equipos de protección o la limitación de instalaciones de cuidados intensivos. Y cuando alguien niega la realidad, está claro que lo hace por ignorancia o por intereses perversos (por ejemplo, cuando salvarse a sí mismo del descrédito supone someter a descrédito a los profesionales que se han visto expuestos a esas terribles situaciones).
A cada uno le toca cargar con su propia responsabilidad. Y lo cierto es que los políticos, TODOS los políticos (o, al menos, la mayoría de ellos), han respondido tarde a la crisis COVID. Diferencias de una semana en la toma de medidas a buen seguro que habrían marcado una diferencia, pero en cualquier caso habría sido tarde para muchas cosas, como estamos viendo para el tema de los equipamientos de protección. Ninguno de los 17 sistemas sanitarios tenía suficiente provisión de estos equipamientos, lo que ha sido más evidente en los que se han visto expuestos a un mayor número de casos. Y era una obligación suya. Y del gobierno central, por supuesto. A todos parece haberles “pillado el toro” en este sentido.
Y esto hay que asumirlo. Quizás no de forma culpabilizadora, pero desde luego sí de forma responsable. Pero no se hace así. O al menos no principalmente, como hemos visto en algunas de esas declaraciones. Y se ha llegado mal y tarde, por ejemplo, en el Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2, que pretende dar orientación a las decisiones de priorización que se estaban presentando en muchos centros sanitarios: se ha llegado mal porque, a pesar de la necesidad de respaldo oficial a las orientaciones éticas para las decisiones de priorización (reconocida tanto por el propio Informe como por el del Comité de Bioética de España sobre el mismo tema), no incluye explícitamente ese respaldo por parte del Ministerio de Sanidad, como autoridad delegada; y se ha llegado tarde, porque ya se habían tenido que tomar muchas de esas decisiones, con el único respaldo del propio criterio moral de los profesionales, algunos comités locales de ética y las sociedades científicas de las especialidades más implicadas, y ya se había superado el pico del embate inicial de la pandemia. No sólo les ha tocado a los profesionales enfrentarse a la dureza de la crisis, sino que en muchos aspectos se les ha dejado desde las instituciones en la más absoluta soledad.
Lo quieran aceptar públicamente o no nuestros políticos, la sanidad ha estado trabajando durante la mayor parte de la crisis en situación de contingencia, rayando en ocasiones la situación de catástrofe. Tan sólo dentro de ese marco puede considerarse la actuación de los profesionales: los recursos estaban sobrepasados, se multiplicaban las iniciativas y, sobre todo, los espacios asistenciales, se cambiaba de área asistencial a muchos especialistas, se ha reutilizado (o incluso preparado de forma casera) material de protección… Guste o no guste, esta ha sido la realidad, y como tal hay que asumirla.
Pero es una asunción que debemos hacer todos, en sociedad. No sólo los políticos. Entre otras cosas, porque no han sabido generar un ambiente de responsabilidad, de debate y encuentro entre diferentes opciones en el que poder reconocer los errores, aprender de ellos y buscar las mejores soluciones en cada caso, sino un ambiente de confrontación y descrédito mutuo que no ayuda en la gestión de la crisis, dentro de una dinámica perversa de la que también participan los medios de comunicación. Pero en realidad lo debe asumir toda la sociedad, porque en ese tiempo en que se critica tanto a los organismos de decisión que no actuaban conforme al principio de precaución eran muchas las voces, tanto privadas como públicas, que ponían en duda la gravedad de la crisis y las tomas de postura de la Organización Mundial de la Salud, que siempre recomendó la toma de medidas agresivas ante ella.
Lo hecho, hecho está. Habrá que asumirlo con responsabilidad, como digo, pero habrá que asumirlo y no negarlo. Y reconocer las situaciones de excepcionalidad que se han vivido a lo largo de este proceso. Y tratar de salir de la mejor manera posible de esta situación, que se antoja complicada, aunque ya un poco menos que hace tan sólo seis semanas. Y reconocer el esfuerzo, la dedicación y el empeño puesto en afrontar la crisis por los profesionales que se han enfrentado a ella en los centros sanitarios, con lo mejor que han tenido a mano. Y no cargar sobre ellos (ni insinuarlo siquiera) la responsabilidad que corresponde asumir a otros.
