“Situación actual de la AP: repercusiones y futuro»

Cristina Sánchez Quiles

Responsable de Atención Primaria de CESM

Se está vulnerando el derecho fundamental a la salud

Cristina Sánchez Quiles

La Atención Primaria, en toda España, se encuentra hoy en día en una tesitura extremadamente peligrosa, no solo por su situación basal, ya de por sí frágil, sino porque no hay visos de mejorarla. Más bien todo lo contrario.

Dicho así parece una opinión y una crítica más, que se une a las cientos de quejas de profesionales y usuarios. Pero ¿realmente somos conscientes de las consecuencias que acarrea esta situación?

Expongámoslo de otra manera: en España se vulnera un derecho constitucional fundamental, el derecho a la protección de la salud, tanto de los usuarios como de los profesionales. Sí, así es. Estamos en un país desarrollado a cuyos gobernantes no parece importarles el bienestar y el futuro de la población, un país en donde se sigue considerando la inversión en salud un gasto innecesario. Esta es la pura realidad y así queda de manifiesto en el modelo de gestión que desde hace años se viene desarrollando, dejando marchar profesionales y perdiendo aquella calidad asistencial que nos caracterizaba ante el resto de países europeos.

El déficit de médicos de Familia y pediatras de Atención primaria es la causa principal del deterioro de este nivel asistencial, y se debe en primer lugar al abuso, desde hace años, de contratos temporales, discontinuos y eventuales sobre plazas ya existentes en plantilla, o a ofertas de contratos multitarea, que han causado fuga de estos profesionales de AP a cualquier otro servicio, comunidad o país que les haya tratado con un mínimo de decencia tras 11 años de formación. Esto es realmente vergonzoso y está a la orden del día en la Administración pública.

A esto hay que añadir cupos propios mal dimensionados que superan los 1.500 pacientes por médico y lo que es peor, masificación en las consultas derivada de la ausencia de algún compañero, algo que ya es habitual por la falta de sustitutos.

Consecuencias de esto y de todo lo anterior son la frustración y pérdida de interés por parte de los nuevos profesionales ante una Atención Primaria insostenible, el agotamiento y las bajas laborales por parte de los que la ejercen. Demora en las citas, falta de tiempo en consulta y aumento de agresiones al profesional. En resumen, una Atención Primaria abandonada por los poderes públicos.

Si analizamos además la actividad diaria en consulta, habitualmente doble, cargada de burocracia innecesaria, con déficit tecnológico o un funcionamiento deficitario del mismo, falta de autonomía para la gestión de la consulta y una población demandante, tenemos la fórmula ideal para hacer estallar la Atención Primaria.

Esta situación no solo afecta al profesional, sino que tiene una consecuencia gravísima sobre la población: la vulneración del derecho fundamental a la salud, con una atención sanitaria de calidad y en condiciones de igualdad, tal y como recoge la Ley General de Sanidad. Desde la Atención Primaria, hoy en día, es imposible asegurar a los usuarios el acceso a la cartera de servicios comunes que competen a esta especialidad, especialmente en lo que a promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención familiar y comunitaria se refiere, ya que resulta imposible en la actividad diaria informar y velar por la protección de la salud prestando los servicios específicos a determinados grupos poblacionales como son la mujer, la infancia, la tercera edad, los enfermos terminales… estos objetivos solo se alcanzan entre un 40-60% de los casos.

Ante esta situación preguntamos ¿a quién corresponde asumir y resolver esta situación? El artículo 43 de la Constitución Española establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, pero desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) podemos afirmar que esos poderes públicos se venden muy bien, con intenciones muy buenas para AP que dilatan en el tiempo, manejan elevadas cifras de presupuesto para AP que nunca llegan y defienden una sanidad pública de calidad mientras dejan que miles de facultativos se marchen a otros países y son incapaces de mantener a los que aún quedan en unas condiciones adecuadas.

En resumen, ni la sanidad, ni los usuarios, ni la salud y por supuesto, ni los facultativos de Atención Primaria son una prioridad en este país.

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