CESMAragón y FASAMET piden actuar contra todas las agresiones sanitarias tras aparecer carteles ofensivos en un centro de salud

Reclaman al Salud cinco actuaciones

Concentración de profesionales en Aragón.
Los Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón (FASAMET y CESMAragón) han mostrado su total repulsa al nuevo caso de violencia contra los profesionales sanitarios en la comunidad. En esta ocasión, una persona sin identificar colgó en dos consultas del centro de salud de San José Centro y Nortecarteles con las frases “Maltrato médico” y “Los pacientes merecemos mejor atención”. Los sindicatos subrayan que estos mensajes suponen “una agresión escrita que debe ser perseguida igual que cualquier otro tipo de agresión”.
Los profesionales recalcan que la violencia, verbal o física, contra el personal sanitario es una lacra constante y que no deja de crecer año tras año, lo que pone de manifiesto que el SALUD no cumple suficientemente con su deber legal de proteger a sus trabajadores.
Según los datos del propio Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, en 2023 se produjeron 722 casos, que suponen dos cada día, de ellos 256 fueron agresiones físicas, un 35%, y hasta 20 víctimas tuvieron que pedir una incapacidad laboral.
En lo que respecta a la evolución, en 2020 se registraron 236 agresiones, que crecieron hasta 335 en 2021 y 484 en 2022. Los 722 sucesos de 2023, supusieron así un aumento récord del 50%, que en 2024 puede volver a verse superado.
Los profesionales recuerdan que ya en marzo de 2019 se plantearon cinco actuaciones urgentes, que se han reiterado en distintas ocasiones, pero no se han llegado a desarrollar: dotar con un vigilante de seguridad todos los centros y 24 horas, instalar cámaras de videovigilancia, “botón del pánico” en las mesas de trabajo, “pulsera de geolocalización” para los profesionales fuera del centro y multas de hasta 30.000 euros para los agresores.
Los Sindicatos Médicos de Atención Primaria han subrayado que las agresiones sanitarias suponen una dificultad añadida a las condiciones laborales en las que desempeñan su trabajo, con plantillas insuficientes y agendas saturadas, y que no permitir ningún caso semejante es una condición para mejorar la calidad de la atención sanitaria.

Las cinco actuaciones que se reclaman

  1. Dotar con un vigilante de seguridad cada centro de trabajo (centro de salud), durante el horario de apertura al público, tanto en el ámbito urbano como en el rural y en el periodo de guardias en los centros rurales. Esta medida deberá aplicarse con carácter urgente e inmediato en los centros que acaban de sufrir agresiones en los profesionales y en las instalaciones.
  2. Instalar cámaras de seguridad (videovigilancia) en las zonas comunes (puerta de entrada, vestíbulo, zona de admisión, salas de espera, etc.) de los centros de salud. En los aislados o ubicados en zonas conflictivas, las cámaras se instalarán también en el exterior del edificio, controlando el perímetro y accesos (puerta principal y accesorias, entrada al garaje).
  3. Instalar un “botón del pánico” inalámbrico (alarma conectada con una central receptora de alarmas y con video-verificación), en las mesas de trabajo de todas las dependencias con acceso de usuarios de los centros de salud (consultas, despachos, mostrador de recepción/admisión, etc.). Dotación de un botón similar al de teleasistencia para las salidas exteriores en los centros de salud rurales.
  4. Dotar de una “pulsera de geolocalización” (localizador GPS y comunicaciones GSM/4G, con botón de pánico y llamadas de emergencia) a los profesionales sanitarios cuando se desplazan fuera del centro de salud para ejercer sus funciones asistenciales (desplazamientos a otros núcleos, asistencia domiciliaria, etc.).
  5. Que el Departamento de Sanidad eleve al Gobierno de Aragón un  proyecto de decreto-ley en el que se tipifique como infracción administrativa grave las agresiones verbales (insultos) por los usuarios a los empleados públicos en los centros sanitarios públicos y como infracción administrativa muy grave las agresiones físicas o psicológicas, sancionadas pecuniariamente con multa de entre 500 € y 3000 € y entre 3001 € y 30.000 €, compatible con la responsabilidad penal y civil que se puedan derivar (delitos de atentado a la autoridad, de daños, lesiones, coacción, etc.).
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