La sanidad penitenciaria será transferida a las comunidades autónomas a lo largo de esta legislatura, según ha informado el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, durante la ‘Jornada sobre el VIH. Nuevos retos y oportunidades de la Sanidad Penitenciaria’, organizada por Cesida, de la que se hacen eco REDACCIÓN MÉDICA (RM) y MÉDICOS Y PACIENTES. Se trata de una «muy buena noticia» para la organización, aunque su presidente, Juan Ramón Barrios, ha reconocido que la reciben con «cautela» dado que son «muchos años» los que llevan esperando a que se haga efectiva.
El incumplimiento de la transferencia, denunciaron varios ponentes, ha repercutido significativamente en la atención sanitaria que se da en las prisiones ya que el personal no tiene acceso a la historia clínica de los pacientes y se encuentra con múltiples trabas a la hora de prescribir ciertos medicamentos, entre otros problemas. En el caso del abordaje de la hepatitis C, las barreras son especialmente complejas de salvar, tal y como señalaron Ramón Espacio, miembro de CESIDA y Pablo Sainz de la Hoya, doctor del Centro Penitenciario de Fontcalent (Comunidad Valenciana).
«Sigue habiendo grandes diferencias en cómo estos tratamientos llegan a la población general y a la reclusa», señala a EL MUNDO Espacio, que, como ejemplo, da cifras de 2016 en la Comunidad Valenciana. «Mientras que en la población general, el porcentaje de pacientes atendidos alcanzaba el 62%, en la población reclusa este porcentaje se reducía al 13%», remarca.
Suspendida cautelarmente la instrucción que establece visados de Instituciones Penitenciarias para medicamentos
Por otra parte, REDACCIÓN MÉDICA también informa de la suspensión cautelar, por parte de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio de Interior-, de la instrucción que obliga a que la prescripción de medicamentos en los establecimientos penitenciarios tenga que depender y esté limitada por la Guía Farmacoterapéutica de esta institución. Así, al menos de momento, las prescripciones de medicamentos en las prisiones españolas ya no tendrán que estar supeditadas a un documento ni a la necesidad de un visado que deba ser aprobado por autoridades de Interior para que los pacientes accedan al producto correspondiente, tal y como dictaba la circular que IP envió a todas las cárceles en julio de 2016, sugiriendo que si Interior denegaba la autorización, el preso se pagase la medicina – informaba entonces el diario EL PAÍS..
La suspensión cautelar de dicha instrucción que ahora dicta Instituciones Penitenciarias, está forzada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y se ha llevado a cabo mediante la instrucción 1-2/2017, por la que “se suspende la vigencia y aplicación de los artículos 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 de la instrucción 1/2016, de 1 de junio” y en la que se precisa que el único límite estará en la Ley de Garantías y de Uso Racional de los medicamentos y los productos sanitarios. El cualquier caso, la medida es cautelar, “hasta en tanto se pronuncien los tribunales sobre el recurso planteado “a la decisión judicial del TSJ.
Cabe recordar que precisamente ante este tipo de excepcionalidades aplicadas a la sanidad penitenciaria, en octubre de 2016, diversas organizaciones médicas y de Derechos Humanos -la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), la Organización Médica Colegial de España (OMC), y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)- presentaron el informe Sanidad en Prisión: La Salud Robada entre Cuatro Muros, y reclamaron el fin del “precario acceso a la sanidad” de las personas presas –ver Boletín de CESM del pasado 24 de octubre-. Pocos día después, el Senado aprobó por unanimidad instar al Gobierno a transferir la sanidad penitenciaria a las autonomías –ver Boletín de CESM del 27 de octubre-.
Fuentes: EL MUNDO , 20-02-2017 , REDACCIÓN MÉDICA (I), 17-02-2017 ; MÉDICOS Y PACIENTES, 17-02-2017; REDACCIÓN MÉDICA (II), 17-02-2017
