«En tales condiciones, los incrementos del 1% planteados por Hacienda suponen una burla a los profesionales»
En mayo de 2010 el gobierno de Rodríguez Zapatero planteó, para los empleados públicos, una reducción retributiva a la que siguió una congelación que, en la práctica, sigue inalterada. Hablar de que los incrementos actuales suponen una mejora es desconocer la realidad de la salvaje expropiación sufrida en las nóminas durante los últimos años.
Hace ya siete años el Gobierno de España, por primera vez en la etapa democrática, rebajó los salarios del personal sanitario en una media del 4-7% y, para evitar que ello se notara demasiado en las mensualidades, por pura política de «marketing», el grueso de la reducción se implementó en las dos pagas extraordinarias anuales. De este modo, mientras que el recorte fue mínimo en las pagas ordinarias, las extraordinarias de junio y diciembre soportaron una reducción muy superior que, para un facultativo valenciano, alcanzó hasta el 25%. Una mera operación cosmética que apenas logró suavizar la percepción de la agresión sufrida.
La fórmula utilizada reducía un 6% anual las retribuciones fijas y periódicas. No obstante mientras que las retribuciones mensuales menguaban un 4% de media las pagas extraordinarias lo hacían un 20% (con el agravante de que los trienios en ellas incluidos fueron reducidos en más de un 43%, lo que elevaba el porcentaje de recorte de estas pagas en función de la antigüedad).
A pesar de ello, el nuevo Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Publico, fechado en 2015, establece en su artículo 22 que «Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias…» (de estas últimas se excluyen expresamente el complemento de carrera profesional y el de productividad). Como puede observarse tal disposición viene siendo incumplida, dada la existencia de una diferencia sustancial entre las pagas extraordinarias y una mensualidad de retribuciones básicas y complementarias, en detrimento sustancial de aquellas.
De hecho el incremento del 1% que ha sido reconocido para el ejercicio 2017 en los Presupuestos Generales del Estado representa una burla para los profesionales sanitarios. Máxime si consideramos que una recuperación de la estructura legal de las pagas extraordinarias supondría alrededor de un 3% de recuperación del poder adquisitivo. Por tanto, consideramos prioritaria esta segunda cuestión, sin menoscabo de las otras mejoras que la situación exige para las retribuciones del personal facultativo y las de los demás colectivos sanitarios.
Por consiguiente, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) hará llegar al Gobierno de España, Generalitat Valenciana, Les Corts, Congreso de los Diputados y a todos los grupos con representación parlamentaria, una iniciativa destinada a derogar aquellos aspectos de la contrarreforma de 2010 que dieron lugar a la citada discriminación de las pagas extraordinarias, restituyendo en este terreno lo dispuesto legalmente por el Estatuto Básico del Empleado Público. Ahora que se habla de normalización económica y de la necesaria elevación salarial en nuestro país, incluso desde fuentes del propio gobierno, nuestra propuesta es la que lógicamente debería proceder y resulta difícilmente discutible.
