Demoledor: unanimidad de los gestores del IB-Salut en contra del catalán como requisito 

Miguel Lázaro

Presidente de SIMEBAL-CESM

Ojo al dato, el otro día, el periódico El Mundo publicaba en primicia una noticia que cayó como un tsunami en el Ib Salut, en diversas Consellerías, en el Govern y en toda la comunidad sanitaria pública. Todavía están en fase de Shock y de catatonia. Todos los gerentes, que son cargos de confianza y que han sido nombrados discrecionalmente por el IB Salut, en el ámbito hospitalario, atención primaria y 061, consensuaron una carta en la que en varios folios argumentaban técnicamente por qué estaban en contra del Mes-decretazo asumido por la presidenta del Govern. Es decir: están en contra del requisito del catalán en la sanidad pública balear. ¡Chapeau por ellos! No sólo apoyaban al presidente del IB salut, sino que se pronunciaban también de forma clara y rotunda sobre el impacto que este requisito excluyente y disuasorio iba a tener en la viabilidad de la gestión sanitaria. A los gestores les preocupa muchísimo la captación, retención y fidelización de los médicos y enfermeros.  Por eso, por su alto nivel de responsabilidad y coherencia ética, se “han atrevido” a proclamar que están en contra del requisito.

Desgraciadamente la argumentación de los gestores no ha servido para nada, ha sido como predicar en el desierto. El Mes-decretazo sanitario del Govern sigue su curso en contra del dictamen de los técnicos, de la mayoría sindical (aunque solo Simebal y Satse han mostrado explícitamente su rechazo en todos los medios y negándose a acudir a la mesa sectorial donde se iba a escenificar, deprisa y corriendo, la pesudonegociación del citado decretazo), de la mayor parte de los ciudadanos que con sus impuestos pagan y exigen una sanidad pública de calidad y calidez y de la mayor parte del colectivo médico y resto de profesionales . En la práctica, los médicos tienen un nivel B1 de catalán, es decir entienden perfectamente el catalán aunque no lo hablen, de ahí que de las 7.000 quejas que ha habido el último año en los Servicios de Atención al paciente, solo siete han sido por motivos lingüísticos (5 por el catalán y 2 por el castellano). He ahí la gran alarma social y la gran dimensión del problema, el 0,00000000001%.

Este pernicioso decretazo va perjudicar a médicos y enfermeras catalanoparlantes que no tengan la certificación B2 del catalán, va a discriminar y excluir a más de 300 médicos interinos (llevan más de 7 años como media trabajando de forma excelente) que no van a poder presentarse a la Ope de Atención primaria próxima, va a dejar fuera a más de 3.400 enfermeras en la próxima convocatoria , va a bloquear derechos del personal sanitario  en cuanto a movilidad y evidentemente lesiona gravemente el principio de igualdad en cuanto al acceso al trabajo.

Y, para más inri, esto sucede en una comunidad con un déficit muy importante de médicos y enfermeras. Es decir, nos estamos autolesionando a nivel sanitario. O somos oligofrénicos o nos falta un hervor o somos unos de-sustanciados. En realidad, es un problema de hipofrontalizacion.

¿Sabían ustedes que hoy no hay ninguna comunidad (ni siquiera Cataluña y mucho menos Euskadi en el que la lengua sea un requisito en sanidad)? Implementar el catalán y promover su utilización en la sanidad se puede y se debe de hacer de muchas formas y Simebal-CESM ya ha puesto encima de la mesa una batería de propuestas.

Esto no es un problema lingüístico, por mucho que lo amplifiquen y lo difundan masivamente. Es un problema sanitario de gran envergadura. El decretazo es una politización flagrante de la sanidad y es la supremacía y prevalencia de un interés partidista sobre la salvaguarda del interés general. Los ciudadanos lo tienen claro: quieren médicos con ciencia, con-ciencia, excelencia y competencia profesional y con un carácter humanista.

Atrévanse, hagan un referéndum y lo sabrán.

En derrota transitoria pero nunca en doma.

 

 

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