Hace unos días se conocía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que anulaba el decreto ley del Govern que fijaba un nivel B1 de catalán como requisito para los profesionales sanitarios. Su decisión se basaba en que la norma es contraria derecho, puesto que, pese a que otorgaba dos años de plazo para poder acreditar este nivel, añadía que quien no lo lograra mantendría la plaza pero perdería el derecho a participar en procedimientos de movilidad o a acceder a los derechos económicos de la carrera profesional.
Desde el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) siempre se han manifestado contrarios a utilizar el idioma como requisito, y lo argumentan, según explica Miguel Lázaro, su presidente, porque «no hay ningún problema de comunicación médico-paciente en las islas. Las quejas por este motivo no pasan de 10 o 12 y no ha creado alarma social en ningún momento, por lo tanto no es un problema lingüístico. Además, Baleares es netamente importadora de médicos y tenemos una gran necesidad de profesionales de Atención Primaria y especialistas porque tenemos una triple o cuádruple insularidad. Ya el elevadísimo alquiler se come casi el 40% del sueldo de un médico, y en este contexto entendíamos que un requisito como este iba a interferir de manera negativa, le corresponde a la administración la obligación de asegurar la cobertura médica».
«No es un problema lingüístico y Baleares es una comunidad netamente importadora de médicos», defiende Miguel Lázaro, presidente de Simebal
Su posicionamiento fue compartido en su momento por los 8 gerentes del IbSalut, que ya tenían difícil gestionar plantillas deficitarias, y que consideraban que con un requisito lingüístico iba a empeorarse la captación de médicos.
El Govern actual, que repite mandato con PSOE, Més y Podemos elaboró una ley en 2016 que señalaba que cualquier funcionario para trabajar en Baleares tenía que cumplir el requisito de la acreditación lingüística del B2. Posteriormente, el IbSalut suavizó la ley y publicó el decreto que otorgaba un plazo de dos años para acreditar un B1, pero si no se llevaba a cabo esta acreditación se penalizaría al médico no permitiéndole el acceso a la carrera profesional ni a los concursos de movilidad. Por estas razones tanto Simebal como CSIF se opusieron al decreto en la mesa sectorial. «Nosotros decidimos no denunciarlo porque considerábamos que si nos daban la razón se anularía el decreto y por lo tanto se aplicaría la legislación más restrictiva. CSIF lo denunció y ahora la justicia ha confirmado que el decreto vulneraba derechos adquiridos», explica Lázaro.
¿Cómo queda la situación ahora para los médicos?
El presidente de Simebal admite que están en un contexto de oposiciones, más de 700 médicos después de 10 años sin convocarse, y pregunta qué va a pasar con los que ya se han examinado y con quienes están cercanos a hacerlo. «Creemos que hay una forma de solucionarlo, que es que el catalán sea un mérito. La incertidumbre es en qué situación van a quedar los opositores que se han presentado y los que se van a presentar, y qué va a pasar con el verano para contratar médicos, porque si se aplica la ley, cualquier persona tendrá que acreditar un B2 de catalán, y necesitamos 350 médicos solo en Atención Primaria», señala.
Es por eso que el sindicato ha pedido al Govern que recurra la sentencia y han tranquilizado a los médicos porque el análisis jurídico afirma que el fallo contra el decreto no afectaría a los opositores, aunque admite que cualquier oposición puede ser impugnada a nivel individual, pero inciden en que se establezca la lengua como mérito y no como requisito, como se hace en otras comunidades autónomas. Además, Lázaro considera que seguramente se elaborará una ley y no un decreto para que tenga el mismo rango legal que la anterior vigente.
«El problema lo han creado los políticos con el requisito de la acreditación lingüística»
El presidente del sindicato recuerda una vez más que la sanidad es un valor primordial y prioritario a cuestiones políticas, y este requisito lingüístico es una forma de politizar la sanidad. «A los ciudadanos lo que les interesa es ser atendidos por buenos médicos. El problema lo han creado los políticos con el requisito de la acreditación lingüística, y nosotros desde el año 2000 siempre hemos dicho lo mismo. Si impones un B2 te limitas casi a médicos de la Comunidad Valenciana y Cataluña, que además lo tengan y por otra parte hay que tener en cuenta que estas dos comunidades también tienen déficit de médicos», lamenta.
Propuesta de soluciones
Ante esta situación, Simebal está centrado en incentivar que los médicos decidan acudir a Baleares. Están poniendo sobre la mesa medidas como que se equipare la indemnización de residencia con la de Canarias (si en un archipiélago es de 93 euros en el otro es de 563). También negociar el aumento del precio de las guardias y solicitar el nivel 5 de carrera profesional. Recuerda que ya han puesto tres demandas judiciales para que a los 700 médicos interinos se les equipare la carrera profesional con los fijos. La sentencia de la primera demanda, que afecta a 350 interinos ha sido favorable y estos la cobrarán con 4 años de retroactividad mas intereses devengados. Queremos también que los médicos de Atención Primaria hagan peonadas pagadas igual que en los hospitales. No se puede consentir que los estriados y magníficos médicos de Atención Primaria realicen actividades asistenciales que no sean retribuidas. Todo deben ser medidas incentivadoras para que vengan», comenta.
Además, el sindicato pretende que en 2022 un médico cobre 36 euros la hora de guardia, la más cara de España, alcanzar a ese nivel 5 de carrera profesional, que sea retribuido con 16.000 euros al año, y establecer un programa para el médico que está a punto de jubilarse, que especialmente los de Primaria continúen, porque las jubilaciones llegarán y la falta de médicos es evidente, pero «que no sigan solo por las condiciones económicas, sino que puedan hacerlo, por ejemplo, con una agenda limitada de pacientes, con traslados a otros centros, con la exención de atención de urgencias, etc. Son objetivos que queremos conseguir en estos cuatro años de legislatura».
«El reto clave de CESM a nivel nacional es recuperar la pérdida del 40% de la paga extra que llevamos 10 años reclamando y que las guardias computen para la jubilación»
Por otra parte, el presidente de Simebal recuerda al Govern que debe reclamar al Ejecutivo central un régimen especial balear, que mejore sensiblemente la financiación sanitaria y que incluya la reclamación de la deuda sanitaria histórica de Baleares. «En 2002 se transfirió la sanidad, se negoció y admitieron que nos dieran 100 euros menos que la media española por habitante. Ahora hay 350.000 habitantes más que en 2002. Si articulas ambas variables, salen 2.800 millones de euros que es la cantidad que se debe exigir a Madrid. Queremos que la deuda se reconozca, se incluya en el régimen especial balear y se vaya pagando poco a poco», defiende Lázaro.
Además, Simebal reclama también al Govern que una parte de la tasa de turismo sostenible (también llamada ecotasa) se destine al ámbito sanitario para la incentivación de la contratación de médicos en la temporada turística.
Por último, ha referido que «uno de los retos clave de CESM a nivel nacional es recuperar la pérdida del 40% de la paga extra que llevamos 10 años reclamando y que las guardias cuenten para el cómputo de la jubilación. Si el Gobierno central no accede, creo que es hora de pasar a la confrontación, tras el expolio de más de 12.000 euros en ésta última década», sentencia.
