La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, han explicado este miércoles, en rueda de prensa, cuál es la situación de los profesionales que trabajan dentro de la sanidad penitenciaria, cuya competencia sigue pendiente de traspasarse a las Comunidades Autónomas.
El secretario general de CESM, Gabriel del Pozo, ha señalado por qué estamos aquí, la situación que viven los profesionales de la sanidad penitenciaria, y recuerda que “los privados de libertad no están condenados a no tener el mismo derecho de asistencia sanitaria”. En esta línea, explica que “hemos pedido soluciones a un problema grave que afecta a la atención de la población reclusa y a la dotación de profesionales médicos y enfermeros en el sistema penitenciario”.
Del Pozo se refería a que “ya el año pasado solicitamos la misma entrevista con el ministro de Interior y el secretario general de Instituciones Penitenciarias en junio, con el secretario de Estado de Función Pública en julio y con el presidente del Consejo General del Poder Judicial en julio y septiembre, sin obtener ninguna solución, aunque todos compartían el problema”. Además, hace apenas unos días se han remitido cartas de manera conjunta por CESM y SATSE a los ministros de Interior, Sanidad y Política Territorial y Función Pública.
Según su exposición, finalmente se está gastando más dinero por no destinar más recursos a la población reclusa, que termina siendo trasladada a los centros sanitarios por no haber el suficiente personal en el centro penitenciario. Además, no hay una prevención suficiente en patologías serias.
Del Pozo espera que con el nuevo Gobierno se les faciliten soluciones. “Pedimos reuniones para intentar buscar soluciones por ambas partes para estos problemas serios que no se están solventando”, defendía.
Grave déficit de profesionales
Por su parte, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, coincidió con el secretario general de CESM en el grave déficit de profesionales sanitarios, que, en el caso de las enfermeras y enfermeros, se cifra en torno a un solo profesional para atender a 100 personas privadas de libertad. Apuntó, además, que se están viendo obligados a realizar funciones que no les corresponden, como la asistencia de graves urgencias (sobredosis de drogas, intentos de ahorcamiento, autolesiones, cardiopatías isquémicas, insuficiencias respiratorias…).
De otro lado, señaló que la modificación del sistema de guardias ha generado una situación “caótica” que obliga a las enfermeras y enfermeros a estar en una permanente situación de disponibilidad y, en algunos casos, a tener que desplazarse hasta 100 kilómetros cuando son requeridos. Además, no pueden disfrutar, en muchas ocasiones, de los periodos de descanso adecuados después de sus jornadas de guardia.
A nivel retributivo, las enfermeras y enfermeros también sufren una clara discriminación con respecto a sus compañeros que trabajan en los servicios de salud, al cobrar cerca de 600 euros menos al mes y no tenerse en cuenta tampoco las especiales condiciones de peligrosidad y penosidad que son inherentes a su desempeño laboral.
Existe, además, una importante discriminación con otros colectivos profesionales del ámbito penitenciario, algunos de los cuales no tienen ningún contacto con los presos, al percibir éstos un complemento específico muy superior al de los enfermeros y enfermeras, añadió el presidente de SATSE.
Tanto el secretario general de CESM como el presidente de SATSE insistieron en que el Gobierno central y los de las comunidades autónomas tienen que llegar a un acuerdo lo más pronto posible para propiciar el traspaso de la sanidad penitenciaria, dando así cumplimiento a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Al respecto, recordaron que se trata de una asignatura pendiente desde más de 17 años.
Para informar de primera mano la situación que viven a diario los profesionales, en el acto han participado el responsable de sanidad penitenciaria del sindicato médico, Pedro Antonio Martínez Sánchez, médico del Centro Penitenciario de Ocaña II y la enfermera Lourdes Piñel, del Centro Penitenciario de Ocaña I, ambos en Toledo. Ambos han explicado en primera persona cómo es su día a día como profesional sanitario en prisiones y los problemas a los que deben hacer frente.
El jefe de Servicio médico de Ocaña II ha señalado que hay centros que tienen solo uno o dos médicos, lo que supone hacer unas 15 guardias al mes, y que la diferencia salarial media entre un profesional médico del sistema de salud autonómico y uno de prisiones está en unos 1.500 euros, por lo que demandan que, al menos, el sueldo se equipare, además de una Relación de Puestos de Trabajo que sea realista y permita cubrir las 200 plazas que están pendientes en la sanidad penitenciaria.
Por su parte, Lourdes Piñel afirmó que las enfermeras y enfermeros que trabajan en prisiones se han convertido en “supervivientes” que hacen todo lo posible por ofrecer la mejor atención y cuidados a las personas privadas de libertad a pesar de la falta de recursos humanos y materiales. A su juicio, la sanidad penitenciaria es un “barco a la deriva” que requiere de una solución definitiva que pasa por su traspaso a las comunidades autónomas.
