Al igual que ocurriera el pasado 18 de junio con la información sobre la situación en Navarra, el Defensor del Pueblo ha transmitido a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) la misma en relación a Castilla y León y la posible transferencia de la sanidad penitenciaria. La respuesta de la institución se produce a raíz de la carta conjunta enviada por CESM y el Sindicato de Enfermería Satse, transmitiendo a la institución su gran preocupación por el progresivo deterioro de la sanidad penitenciaria, que está repercutiendo gravemente en la calidad de la atención que se presta a las personas privadas de libertad.
Conviene recordar que el traspaso de la sanidad penitenciaria lleva años demandándose a las distintas administraciones, y que por el momento, solo la tienen transferida Euskadi y Cataluña, y la situación está muy avanzada en Navarra, aunque las CCAA necesitan de una dotación económica estatal para asumir este servicio, algo que por el momento no se ha producido.
En esta ocasión, el Defensor del Pueblo recuerda que respecto a Castilla y León, en 2017 se iniciaron las conversaciones con el Ministerio de Interior para el traspaso, aunque se interrumpieron en 2018 cuando el Ministerio «se negó a pagar el coste de la prestación de asistencia sanitaria a los internos de los centros penitenciarios de su territorio, que se reclamó en base al convenio firmado con el Insalud y la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios e Interior del Ministerio de Justicia el 23 de enero de 1995, lo que obligó a la Junta de Castilla y León, al igual que al resto de las comunidades autónomas, a formular demandas judiciales, que se han resuelto, en su caso, mediante sentencias del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2019, estimando sus pretensiones».
Por tanto, en la actualidad están en disposición de reanudar las conversaciones que se venían manteniendo sobre el proceso de transferencias concernido.
La carta del Defensor del Pueblo, firmada por su adjunta segunda, recuerda que «al igual que en el caso de otras comunidades autónomas, al existir todavía algunas que no han remitido su información, esta institución ha acordado dar traslado de la citada anteriormente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a fin de que indique las actuaciones que haya previsto en este caso, procediendo la finalización de las actuaciones de la Junta de Castilla y León».
Accede aquí a la respuesta completa del Defensor del Pueblo.
