“Del aplauso a la bofetada; una realidad contrastada”

Jorge Curiel

Secretario de Salud Laboral de CESM

Es obligación de los Servicios de Salud proteger a sus trabajadores para que puedan desarrollar su labor en un entorno seguro

Jorge Curiel

La violencia es una constante en todos los ámbitos de la sociedad actual y, por desgracia, no queda excluido el ámbito sanitario. Nuevamente los datos facilitados por el Ministerio del Interior nos muestran un incremento de las agresiones a profesionales sanitarios. Datos que sólo reflejan la punta del iceberg de una violencia infradeclarada ante la falta de sistemas de registro adecuados y la resignación de los profesionales.

La actual pandemia ha marcado el devenir de nuestras vidas este último año, y ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Un Sistema descapitalizado, carente de los recursos necesarios y que sobrevive gracias a la entrega misionera de todos sus profesionales.

Por enésima vez los profesionales sanitarios han sido víctimas de agresiones y amenazas, de insultos y descalificaciones, paganos de una realidad contrastada como es “la frustración de los pacientes y usuarios ante un sistema nacional de salud que defrauda sus expectativas e incumple las promesas recibidas». Profesionales que son agredidos ante la pasividad y permisividad de unos empresarios (los Servicios de Salud) que no los protegen adecuadamente. Es evidente que las medidas de prevención frente a las agresiones son inadecuadas, ineficaces y permiten que una y otra vez los sanitarios trabajen inseguros y sean apaleados, amenazados y acorralados en sus centros de trabajo.

Esta violencia evidencia la necesidad de conjugar y armonizar dos derechos constitucionales: el derecho a la salud de todos los ciudadanos (artículo 43 CE) y el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo de los profesionales (artículo 40.2 CE). Derechos que parecen estar enfrentados cuando, cada vez con más frecuencia, se reproducen los conflictos médico- paciente y los ciudadanos recurren a la agresión verbal y/o física para reivindicar y hacer efectivo su derecho.

Como en cualquier conflicto, la solución pasa por analizar las causas y aplicar un tratamiento de las mismas. Al igual que ocurre con el SARS-COV2, causante de la actual pandemia de COVID, las soluciones son dos: la preventiva (vacunas) y la curativa (antivirales y otros fármacos que actúen contra la causa ya instaurada). En el caso de las agresiones a sanitarios debemos aplicar la misma ciencia, identificar las causas y hacerlas desaparecer y/o adoptar medidas que eviten que esas causas generen agresiones.

Las principales causas son tiempos de espera, demoras y disconformidad con la asistencia recibida, todas ellas directamente relacionadas con la organización y gestión de la demanda asistencial. Signos evidentes de la incapacidad manifiesta del sistema para responder a la demanda generada en una población que ha interiorizado el mensaje demagógico político de “barra libre sanitaria”.

El riesgo de agresión es un riesgo innegable para los médicos y facultativos, y es obligación de los empresarios (Servicios de Salud) proteger a sus trabajadores de forma eficaz frente al mismo. Es por ello que en este DÍA EUROPEO FRENTE A LAS AGRESIONES A SANITARIOS nos vemos en la necesidad de reivindicar una vez más:

1.- Mayor dotación presupuestaria para una sanidad que se ha mostrado gravemente deficitaria, y que precisa la dotación urgente de recursos humanos y materiales que permitan responder con rapidez y calidad a las demandas de la población. Con ello evitaremos que la población vea y sienta truncadas sus expectativas, perjudicado su derecho a la salud, y convierta al profesional sanitario en cabeza de turco de su frustración.

2.- Mayor protección de los profesionales del sistema sanitario mediante la implementación de todas las medidas necesarias para garantizar de forma eficaz su seguridad y salud. Medidas a día de hoy, insuficientes y manifiestamente incapaces, para evitar que los trabajadores sanitarios sigan siendo agredidos en el desarrollo de su actividad diaria. En un Estado de Derecho es intolerable que las Administraciones Públicas sean las primeras que no cumplan sus obligaciones legales, cuando deben ser el modelo con una conducta ejemplarizante en la protección de sus trabajadores ante esta lacra social que es la violencia en el ámbito sanitario.

Creemos que ha llegado la hora de decir BASTA!!!

Los profesionales sanitarios no somos marionetas en manos de políticos y gestores. Nos deben respeto y tienen la obligación de protegernos con todas las medidas necesarias para que podamos estar seguros en nuestro trabajo y asistir adecuadamente a los ciudadanos… y no lo están haciendo. Prometen a los ciudadanos un sistema de salud ideal pero no lo dotan de los medios y recursos necesarios, ni tan siquiera para evitar que se vea dañada la salud de sus profesionales, y sin profesionales sanos y seguros no hay seguridad y salud para nadie.

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