Cuando en 2018 retomé mi última etapa como representante de CESM Prisiones, tenía un único propósito; lograr la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, ya que únicamente así es posible desempeñar nuestra labor como médicos de instituciones penitenciarias con la misma dignidad con la que lo habíamos podido hacer al inicio de nuestra andadura penitenciaria allá por los años 90. La tarea no era fácil (VIH, TBC, adicciones, problemas mentales…), pero con ilusión y objetivos claros pudimos prestar a las personas privadas de libertad una sanidad similar a la del resto de la población, con una Atención Primaria de calidad, basada tanto en el tratamiento como en la prevención. Se prestaba una atención integral y se consiguió que la sanidad penitenciaria fuese un referente internacional.
Han pasado más de 30 años desde entonces, las infecciones por VIH y VHC son muy superiores a la media nacional, los problemas por consumo de sustancias, de salud mental o ambos nos desbordan, los pocos profesionales que quedan están en precario, desmotivados, quemados y mal pagados. Se ha abandonado la Atención Primaria, se hace medicina de urgencias porque no es posible otra, y en muchas ocasiones hasta la urgencia es a través de una pantalla.
En estos años, desde CESM hemos solicitado entrevistas al Ministerio del interior, al de Administraciones Públicas, al de Sanidad, al Defensor del Pueblo y al presidente del poder judicial. Al principio nos recibió el secretario general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y en Administraciones Públicas, el secretario de Estado, pero poco a poco fuimos comprobando la falta de voluntad para dar prioridad a este problema. Incluso enviamos otra carta al Ministerio de Hacienda en la que explicábamos la disminución del gasto global que supondría tratar adecuadamente a las personas privadas de libertad, pero también decidieron ignorar nuestras peticiones. No creyeron ni en la igualdad ni en la disminución del gasto, demostrando ser unos gestores miopes, sin visión de futuro, incapaces de valorar la gran labor de salud pública que se puede realizar con una asistencia de calidad en las prisiones.
Hemos denunciado permanentemente ante la opinión pública y con recursos judiciales las carencias, decisiones erróneas, medidas de dudosa legalidad y precariedad laboral que impiden ofrecer a las personas privadas de libertad la atención sanitaria que en justicia se merecen.
Alguien me dijo hace poco que ‘las sociedades se miden por el trato que dan a sus niños, ancianos y presos’. No sé a quién se atribuye esta frase, aunque sí lo que decía Nelson Mandela también en este sentido: «el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que da a sus presos». Presumimos de ser un país avanzado en derechos, pero no lo seremos hasta que seamos capaces de dispensar a las personas privadas de libertad, en la mayoría de los casos con muchas carencias, una atención sanitaria en condiciones de equidad con el resto de la población.
Actualmente de cada diez médic@s presupuestados por el Ministerio del Interior, solamente trabajamos tres. Las plazas en las oposiciones no se cubren, fundamentalmente por las enormes diferencias salariales con nuestros homólogos de Atención Primaria y también por el aislamiento al que está sometida la sanidad penitenciaria. En el primer trimestre del año próximo solamente quedaran 100 compañeros con oposición, ¡qué lejos de aquellos 500 con los que resurgió la sanidad penitenciaria!
¿Y que hace la Administración? Parchear, con interinos sin titulación, contratos por horas con personal sin experiencia en el medio penitenciario, teleasistencia, etc. No es consciente de la necesidad de contar con sanitarios con la formación continua necesaria, al menos en las patologías de mayor prevalencia, que les capacite para dispensar la atención sanitaria que requieren unas personas con múltiples carencias; se empeña en no reconocer la realidad, que es que la sanidad penitenciaria solamente podría ser viable integrada en los servicios de salud de las comunidades autónomas, y hasta que eso se produzca es imprescindible equiparar las remuneraciones a las de esas comunidades. Llevan incumpliendo la ley 20 años, y dicen que vivimos en un país donde las leyes se cumplen: pues esta no, y eso nos impide cumplir las funciones sanitarias recogidas en la Constitución.
He desempeñado mi trabajo creyendo que la reinserción y la recuperación son posibles y necesarias para la sociedad. Ahora, a las puertas de mi jubilación (lo que evidencia que no me mueve el interés personal, nunca me ha movido), quiero insistir una vez más en la necesidad de ofrecer a las personas privadas de libertad una asistencia sanitaria de calidad, similar a la del resto de la población con médic@s adecuadamente formados y con la sensibilidad necesaria para atender las enormes carencias que presenta la población reclusa.
La sanidad penitenciaria, como la entienden las leyes vigentes y los que trabajamos en las prisiones, prácticamente ha desaparecido, pero aún hay una última oportunidad y desde aquí hago un llamamiento al próximo Gobierno para que la recuperen. Nos hará avanzar como sociedad, una sociedad que debe creer en la libertad, la igualdad y la justicia social.
