“El derecho a la salud”

María José Campillo

Secretaria de Finanzas y Servicios de CESM

Critica que el número de políticos cuatriplique el de médicos y pide que se juzgue dónde es más necesario recortar

María José Campillo
La opinión de María José Campillo.

El artículo 43 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la salud todos los españoles. También dice que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Durante los meses de febrero y marzo nuestras autoridades decidieron no escuchar a la Organización Mundial de la Salud y sus advertencias acerca del SARS-COV2; no se hizo acopio de material sanitario, no se tomó medida alguna -a pesar de las advertencias de nuestro país hermano, Italia- y la vida continuaba igual que siempre, aglomeraciones incluidas, aun cuando la Organización Médico Colegial, demostrando la gravedad de la situación, decidió recomendar la suspensión de los Congresos Médicos y las reuniones de médicos a principios de Marzo, y el Ministerio de Sanidad se hizo eco de esto mismo el día 3 de ese mes.

Como al fin y al cabo las enfermedades son cosas de los médicos, la inacción política continuó, y aunque nuestros hospitales presentaban signos del inminente colapso sanitario que se estaba gestando, la vida continuó igual hasta el día 14 de marzo, cuando se declara el estado de alarma y se suspenden todas las actividades no esenciales. Los médicos nos encontrábamos ya luchando contra una pandemia, de la que todo se desconocía, sin medios de protección y sin armas efectivas contra el virus, que había que encontrar en una carrera contrarreloj. La población con su sabiduría innata nos aplaudía cada día a las 20.00 horas desde los balcones, sabedores de que se nos mandaba a una guerra sin armas ni protección, ya que nuestros políticos no se habían preocupado de que las tuviéramos y éramos, además de los sanitarios, numerosos los empleados públicos declarados trabajadores esenciales, que salíamos cada día a nuestro trabajo, sin saber si volveríamos a casa solos o acompañados del virus.

Era tal el desabastecimiento de material sanitario que de nuevo la población tuvo que acudir al socorro con numerosas donaciones para suplir las carencias que teníamos. Durante esos meses en los que fallecieron compañeros, en los que otros miles se contagiaron, y de los que muchos sufrirán secuelas de por vida, el Gobierno se reunía con los agentes sociales de la economía pero nunca consideró que tuviera que reunirse con los de la sanidad. Nunca pensó que tenía que escuchar a los profesionales y que tenía que compensar todo lo que se estaba haciendo, ya que los médicos con su generosidad habitual no habían dicho nada, y simplemente habían trabajado como nunca por sus conciudadanos y su país. Tampoco se nos pidió perdón por todas las carencias que tuvimos que sufrir, y hasta The New York Times nos llamaba kamikazes a los sanitarios españoles.

En los meses de mayo y junio, con una desescalada en marcha, el Gobierno se asesoró a sí mismo, dando palos de ciego y no asegurando las bases para la que pudiera ser la segunda ola, que no tardaríamos en sufrir según todas las previsiones.

La desescalada se hizo pensando en la economía -importantísima sin duda-, pero olvidando la grave crisis sanitaria que estábamos viviendo, y olvidando también que sin apuntalar esa sanidad que había quedado muy tocada en los meses del estado de alarma la economía jamás repuntaría. El virus parecía que era olvidado, y la sanidad ocupaba el mismo lugar en los presupuestos de todos -comunidades y Estado- que siempre había ocupado: muy relegado en el orden de prioridades. De los miles de residentes que acabaron en junio, el 40% no fue contratado, a pesar de que todos sabíamos que nos enfrentábamos a unas listas de espera sin parangón. En el mes de julio la prioridad era buscar culpables de lo que había pasado, no soluciones a lo que estaba por llegar aún, o mas bien no se querían buscar porque todas las soluciones pasan por poner mas inversión en sanidad. Pero ese es un tema del que no interesa hablar, o mejor hacerlo en términos futuros sin comprometer a nada.

Durante el mes de agosto, en plena segunda ola y hablando aún de rebrotes cuando ya en  nuestra piel de toro quedaban pocos sitios libres de los mismos, con una Atención Primaria colapsada y con las Urgencias de hospitales y las emergencias saturadas, los políticos han estado mirando para otro lado, culpando a la población de su irresponsabilidad -sin duda hay sectores que la están demostrando- pero lanzando balones fuera ante su mala gestión, previsión, planificación… porque siempre hay culpables, pero nunca ellos mismos. Las comunidades que tienen la sanidad transferida culpan al Gobierno, el Gobierno dice que está transferida y las culpa a ellas. Lo cierto es que la inacción de unos y otros está poniendo gravemente en riesgo la salud de los españoles por segunda vez, que no tienen fácil acceso a la Atención Primaria, y una vez más se están teniendo que dejar de lado muchas patologías -no todo es COVID- por la falta de medios, estrategia, liderazgo, planes de contingencia, etc. mientras los médicos, cada vez mas exhaustos, piden poder ver a sus enfermos. Pero no ponen sobre la mesa soluciones en lo que parece una huida hacia adelante o un ‘sálvese quien pueda’. No hay estrategia a seguir, sólo la inercia a la que el virus nos conduzca. Y por supuesto, ¿para qué se van a reunir con sus médicos, el Gobierno y las comunidades, si saben que les van a pedir más inversión en sanidad? Pronto llegará el colapso sanitario y con él el aumento en el número de fallecidos, pero los culpables serán todos menos aquellos que conducen la nave al desastre.

Ahora con una economía destrozada hay que ahorrar y se piensa en lo más fácil; meter la mano en el bolsillo de los empleados públicos, lo que fue el pistoletazo de salida en 2010 para destrozar nuestra sanidad con criterios económicos. En España los médicos somos unos 200.000 y los políticos cuadriplican esa cifra, con sus ministerios, consejerías, asesores, etc. Es más fácil tener un político de cabecera que un médico de cabecera, por números puros y duros. En el estado de alarma nosotros y muchos otros empleados públicos fuimos declarados esenciales para mantener el país, y la sanidad lo es ahora mismo. Juzguen ustedes lo que es esencial y lo que no, y dónde es necesario recortar cuando ni siquiera garantizan su derecho a la salud.

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