Abrimos hace una semana este espacio de “Ética en el Entorno Profesional” con la idea de tratar de aportar algo de luz a muchos de los ámbitos en que, como organización, trabajamos para defender el ejercicio de la profesión médica. Y uno de ellos es el de la relación con las Administraciones sanitarias, bien sea como organización, bien como profesión médica en sus diferentes manifestaciones.
Se trata de un tema de actualidad debido a la ya no tan reciente publicación del Real Decreto- ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Su súbita aparición, sin consulta alguna con las organizaciones profesionales, ni desde luego con CESM, que ya le había pedido reuniones previamente (como también el conjunto del Foro de la Profesión Médica), muestra un estilo de gobierno nada abierto al diálogo con los agentes implicados en las decisiones tomadas. En este caso, profesionales duramente afectados en su propia regulación profesional y laboral por el Real Decreto, como es el caso de los médicos.
No quiero analizar el contenido del Real Decreto, totalmente objetable desde el punto de vista profesional, pues ya ha sido hecho, con profundidad y solvencia, por las organizaciones profesionales en su conjunto y por la propia Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, a través de su ejecutiva nacional. Quiero fijarme en lo que hay por detrás, en la forma en que se ha hecho, y en lo que refleja, o puede reflejar, sobre el estilo de gestión de nuestra Administración Sanitaria (y no sé si de nuestro Gobierno).
Los médicos se habían ofrecido ya antes, y lo siguieron haciendo a continuación, para dialogar con el Ministerio de Sanidad y buscar soluciones a los problemas de disponibilidad de profesionales, además de tratar de hacer luz sobre la situación general del sistema en esta época de pandemia. El resultado, como saben, ha sido nulo, pues no ha habido ningún intento por parte del Ministerio, ni del gobierno en general, para iniciar ese diálogo, que a buen seguro hubiera sido constructivo. Todos somos conscientes de la densidad y gravedad de la situación que atravesamos. Y no era novedoso: ya había ocurrido antes con el asunto de la elección telemática exclusiva de plazas MIR, absolutamente contestada por las organizaciones profesionales hasta que se consiguió, vía judicial, la anulación de esa regulación.
Parece que la Sanidad española se gobierna con una actitud que parece de “comité de expertos” o de “comité central”. Parece que el Gobierno entiende que la responsabilidad de gobierno supone un “saberlo todo de todo” y “saber lo que es mejor para todos”, y de llevarlo a efecto, aún en contra de los propios afectados (hasta las organizaciones de pacientes han expresado su apoyo a la reivindicación profesional). La opinión de los afectados no interesa, pues puede que hasta se oponga a lo que es evidente para ese “comité central de expertos”, y éste al final no pueda imponer su solución mágica y, por supuesto, completamente adecuada a la situación. ¿Qué nos van a poder decir, al fin y al cabo, los médicos sobre su propia situación y las alternativas para resolverlo?
Esto implica varias cosas:
- Que los profesionales sanitarios son considerados como meras herramientas en manos de quienes, ¡oh, grandeza democrática!, tienen la responsabilidad de gestionar la Sanidad. Peones, al fin y al cabo, de quienes han de jugar la partida, que parecen ser el gobierno central y los autonómicos, no siempre coordinados. Los médicos no tienen nada que decir, ni derechos que defender.
- Que no existe una conciencia de democracia participativa en nuestros gobernantes. No escuchan a uno de los colectivos profesionales en los que se basa la batalla contra el coronavirus, que cuenta, además, con la consideración de toda la población… Y fíjense que, a nivel asistencial, en la toma de decisiones con pacientes incapacitados ya hemos descubierto que merece la pena escuchar al protagonista, y considerar su valoración.
Este estilo de gobernanza, no participativo y hasta casi autista, y partícipe del iluminismo que hoy parece extenderse por la política, no parece conjugar con la verdadera mentalidad democrática, que reconociendo la responsabilidad de decisión final a la Administración, no margina el diálogo como forma de llegar a consensos o, al menos, de mejorar el proceso de toma de decisiones. Lástima que ni siquiera podamos encontrar excusa en que al frente de esta forma de gestionar la Sanidad haya un filósofo, pues debería conocer de sobra lo que significa buscar la verdad (o al menos la mejor aproximación a la realidad) en diálogo con todos, desde la riqueza y pluralidad de perspectivas de la que tanto hablaba Ortega hace casi un siglo…
Por desgracia, es un estilo de toma de decisiones políticas que parece muy extendido en nuestra política actual. Eso sí, con sus variantes y formas, como el iluminismo que muestra otro estilo muy diferente, el “faraónico” que parece tener lugar en Madrid, centrado en el “yo” del gobernante, cuyas intuiciones se convierten en medidas de gobierno, aún contra el criterio de una buena parte de su equipo. Y podríamos seguir…
Pero lo importante no es tanto apuntar a las personas concretas, sino dejar claro que gobernar no es algo que atribuya poderes especiales de comprensión a las personas, sino que les atribuye la responsabilidad de gestionar la realidad de un territorio y una población al servicio de los ciudadanos. Y en una época tan crítica con los paternalismos (absolutamente “patriarcales”, como dirían algun@s), para gobernar hacer falta escuchar a los gobernados, y hacerles partícipes con ello de la toma de decisiones. Algo no tan ajeno a lo que se pretende que hagamos con los pacientes en el ámbito de la asistencia sanitaria. No lo tenemos tan lejos, por tanto, como poder tomar ejemplo de ello.
En la fecha en que se publica el Real Decreto, la situación epidemiológica en España no era ni mucho menos como la actual, a excepción de la Comunidad de Madrid y Navarra, que superaban ampliamente la incidencia acumulada de 600 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días, quedando el resto de CCAA en un nivel inferior en un tercio de los casos. Si una aparente urgencia, por tanto, se emite una normativa que pone en excepción la regulación de la profesión médica y de sus condiciones de ejercicio, sin marcar además un límite temporal concreto (la aplicabilidad del texto legal se sitúa en un año prorrogable) ni unas circunstancias de riesgo epidemiológico que puedan justificar la aplicación de este estado de excepción profesional en determinadas situaciones. Serán las CCAA quienes decidirán, sin ninguna cortapisa, la aplicación del contenido del Real Decreto.
