Los servicios autonómicos de salud pasan serios aprietos para renovar las pólizas que cubren las sentencias condenatorias por responsabilidad civil.
El patio está revuelto y la factura global ya asciende a 65 millones, al aumentar el coste una media de un 27% en tres años tras las últimas renovaciones de pólizas, según fuentes del sector asegurador.
En los últimos dos años las compañías tradicionales como Zurich o Mapfre han abandonado a los Ejecutivos autonómicos —a todos excepto al canario, que optó por eludir el seguro y pagar después de cada juicio perdido— porque el negocio dejó de ser tan rentable como antaño, y han entrado nuevas firmas aseguradoras, la mayoría extranjeras, como Berkshire Hathaway.
“Para evitar esta dinámica peligrosa de escalada de precios, el Gobierno debe fijar por ley los baremos de indemnización y así evitar la sensibilidad de cada juez ante los errores”, apunta Francisco Miralles, secretario general de la CESM.
FUENTES: elpais.com
