La Fiscalía de Teruelconsidera que la falta de equipos de protección individual (EPI) para los sanitarios que trabajan en la lucha contra lac ovid-19 ha supuesto una «vulneración de los derechos fundamentales» de estos trabajadores y ha puesto en peligro «su vida e integridad física». Así lo manifestó ayer en el primer juicio que se celebra en Aragón por la escasez de mascarillas, batas y otros elementos entre el personal de centros de salud y hospitales, y que tuvo lugar en el Juzgado de lo Social de Teruel, según lo recoge El Heraldo.
El Ministerio Público fue muy crítico con la Administración sanitaria, encargada de dotar de elementos de protección al personal que atiende a los enfermos de coronavirus. Dijo que durante la pandemia «ha habido desabastecimiento», a pesar de que desde enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) venía alertando de la gravedad de la situación. Según afirmó el fiscal, a principios de año la OMS ya pidió a los países que llevaran a cabo una «vigilancia activa» y los consejeros de la comunidad autónoma «lo sabían». «La pandemia era previsible y lo previsible es evitable», subrayó.
Las conclusiones de la Fiscalía de Teruel coinciden con las del sindicato médico Fasamet, (Federación Aragonesa de Médicos Titulares ), que demandó a la DGA, al Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por la carencia de material de protección entre los trabajadores sanitarios durante la pandemia. Fasamet atribuye a este problema el contagio de 118 sanitarios en la provincia de Teruel, un 20% de la población afectada, y estima que todo se debió a una falta de previsión.
Fasamet pide que se condene a los tres organismos -dependientes del Gobierno aragonés- por haber incumplido la legislación en materia de prevención de riesgos laborales. Reclama también que se les obligue a observar dicha normativa proveyendo de las EPI suficientes, y acordes con la situación y servicio de cada profesional, a las plantillas de sanitarios. En este proceso judicial no se solicitan indemnizaciones económicas para los facultativos, sino que se declare que el Ejecutivo aragonés no ha respetado la ley.
«Hubo desabastecimiento»
El abogado del sindicato médico, José Manuel Aspas, sostuvo en su intervención en la vista oral que la Administración sanitaria incumplió su deber de prevenir los riesgos laborales entre el colectivo de sanitarios. Según afirmó, documentos aportados por el propio Sistema Aragonés de Salud revelan que hubo quincenas en las que la carencia de equipos de protección fue «absoluta». Añadió que esos mismos informes «reconocen que hubo desabastecimiento» al romperse el vínculo con el vendedor habitual, lo que obligó al Gobierno aragonés a recurrir a donaciones y a la confección de material por los propios sanitarios para suplir las carencias.
Aspas afirmó que entre febrero y marzo el Gobierno aragonés «fue consciente de la falta de equipos de protección, por lo que racionó su uso. Explicó que la DGA dotó a cada equipo de Atención Primaria con solo cuatro EPI, «cuando algunos de esos equipos tienen muchos más integrantes». A juicio de esta parte, la escasez de material se apreció ya en febrero -hasta mediados de marzo no se decretó el estado de alarma- y, aunque la situación ha mejorado «no ha habido diligencia en el aprovisionamiento y acopio de EPI».
