Este martes estaban llamados a declarar en el juzgado de instrucción número 14 de Madrid siete cargos sanitarios del Gobierno central y de dos comunidades autónomas citados a testificar como investigados en el proceso abierto por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) por un delito contra los trabajadores, tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal contra el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la compra y distribución entre los profesionales sanitarios de mascarillas no homologadas y que no protegían del contagio por coronavirus en las primeras semanas de abril de 2020.
Por el juzgado han pasado Patricia Lacruz Gimeno, entonces directora general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia; la subdirectora, Cristina González del Yerro, y la vocal, Isabel María Piñeros; Nuria Queraltó Hernández, subdirectora de Prevención de Riesgos Laborales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS); Begoña Macarrón Gómez, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en Cataluña; Pablo Valbuena, del área de Gestión Económica de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Turismo, y Roberto Gutiérrez Moisen, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Los cinco responsables del Gobierno central se han acogido a su derecho a no declarar, alegando para ello que la Abogacía del Estado había presentado un recurso a la causa «por un defecto técnico del procedimiento«, y del que la CESM, como sindicato recurrente, no tenía conocimiento hasta ese momento. Sí han dado su versión de lo sucedido ante el juez Nuria Queraltó Hernández, del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y Begoña Macarrón Gómez, técnico de Prevención de Riesgos Laborales en el Hospital Universitario Parc Taulí (Sabadell), que han reconocido en su declaración que actuaron para que las mascarillas defectuosas, que fueron entregadas por el Ministerio de Sanidad para proteger a los sanitarios, fueran retiradas de circulación porque no les protegían.
Macarrón, según apuntó en su declaración, recibió las mascarillas en el hospital el día 2 de abril y ante la sospecha de que no estaban homologadas, el día 9 de abril de 2020 obtuvo la autorización para remitirlas al Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo -organismo estatal que tiene su sede en Sevilla-, que las recibió el 11 de abril para su análisis. Los resultados no dejaron duda de que no servían para evitar el contagio del coronavirus, pero el daño ya se había producido, pues en esos días fueron muchos los médicos que las utilizaron en primera línea de batalla contra el SARS-Cov-2, aunque no hay una cifra exacta de los afectados.
Ante esa evaluación y otras que confirmaron que las mascarillas eran fake, el 16 de abril de 2020 el Ministerio de Sanidad ordenó la retirada de los lotes que había distribuido dos semanas antes, en respuesta a las exigencias de los sanitarios que estaban trabajando sin protección. Fue en ese momento cuando Sanidad dio la orden de retirar el material defectuoso, y la subdirectora de Prevención de Riesgos Laborales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), Nuria Queraltó Hernández, concentró la recogida y el análisis de las mascarillas distribuidas a los profesionales en Andalucía. En este punto, dio un dato en sus declaraciones ante el juez que ayudan a dimensionar la repercusión que pudo tener entre los sanitarios en uso del material defectuoso: «En Andalucía las mascarillas de Sanidad fueron utilizadas por 9.200 sanitarios y 38 fueron contagiados».
Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) queremos manifestar nuestra perplejidad por el hecho de que los responsables sanitarios citados como investigados y que han intervenido, desde la compra a la distribución de estos lotes de mascarillas, se hayan acogido a ese derecho a no declarar, que independientemente de ser un derecho constitucional, es más que interpretable.
A la espera de recibir el recurso interpuesto por el ministerio, desde CESM anunciamos que se impugnará con el objeto de que se clarifique la responsabilidad del ministerio en los contagios producidos entre los médicos las primeras semanas de la pandemia por Covid-19, por haber carecido de los medios de protección adecuados.
