
Desde el sector de médicos de ejercicio privado de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), vemos con profunda preocupación las modificaciones que ha introducido el Ministerio de Sanidad en el proyecto del nuevo Estatuto Marco.
Por un lado, nos encontramos con que se iguala en el grupo A1 a otras categorías sanitarias con los médicos, a pesar de que al médico se le pide obligatoriamente tener una carrera universitaria de mayor duración, una especialización obligatoria que no se le pide a ninguna otra categoría profesional y una mayor responsabilidad que va a tener que seguir asumiendo. No entendemos que se obvien cuestiones como las anteriormente mencionadas, como tampoco entendemos que en un sistema jerárquico como es el sanitario, se cree una fuente de conflicto como la que se está creando, pisoteando además los derechos de un colectivo al que se niega el reconocimiento a su labor y a la obligatoriedad de su formación y de su responsabilidad.
Por otra parte, tras las promesas de la desaparición de la obligatoriedad de las guardias, estas siguen siéndolo para los médicos, y el único gesto que se ha asumido es que las guardias de 24 horas son eliminadas, pero no se reduce la jornada máxima del médico, que sigue siendo de 48 horas, y tampoco se nos dice cómo se van a cubrir esas horas de más. Es, por tanto, más una cortina de humo que realmente una solución.
Nos encontramos además con un recorte de derechos importante a todos los mandos intermedios, que no gestores, como son los jefes de servicio y de sección, puesto que se les impide la compatibilidad, a pesar de que la Ley de Compatibilidad es común a todos los empleados públicos. Se especifican peculiaridades que solo van a sufrir los médicos, no el resto de los mandos intermedios de otras categorías profesionales.
Y no sólo se establece la imposibilidad de trabajar en la sanidad privada a los mandos intermedios, sino a cualquier médico en sus primeros 5 años de ejercicio profesional, cuando acaba la residencia. Esta medida no asegura sin embargo el trabajo en la sanidad pública a todos estos médicos, que, si no son contratados en el sistema público, tendrán que esperar la llamada -que llegará o no- del mismo, sin opción al privado. Con esta medida desaparece además la negociación colectiva, ya que las condiciones laborales se van a imponer de forma unilateral por parte de la Administración, sin que haya posibilidad de réplica. Es decir, que los médicos van a ser los únicos trabajadores de este país que no van a tener libertad para poder elegir donde trabajan, lo cual es un recorte de un derecho fundamental y una línea roja que no se puede traspasar.
Por todo esto y otras muchas cuestiones, este nuevo Estatuto Marco supone un atropello inadmisible contra los médicos y la profesión médica, que merece nuestro rechazo más absoluto y nuestra oposición frontal.





