Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) hemos comprobado -una vez más- con gran desilusión que la sanidad penitenciaria únicamente preocupa a los profesionales sanitarios de las prisiones. Si en junio el silencio fue la respuesta del ministro del Interior a nuestra petición de diálogo, en septiembre se ha reproducido el mismo silencio tras la carta enviada a la ministra de Hacienda y Función Pública. Carta que para que sean los lectores los que juzguen recogemos aquí.
La Administración, con sus decisiones, únicamente va poniendo parches en unas ruedas destrozadas. Parches son tanto las convocatorias de OPE de interinos sin titulación como las OPE de facultativos que año tras año quedan prácticamente desiertas y por supuesto también lo son los contratos con centros privados, con los que pretenden solucionar los problemas no sanitarios de las prisiones (informes a juzgados, aislamientos provisionales, etc.), ignorando lo que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público en su art. 9.2., -la jurisprudencia al respecto- con actuaciones nulas de pleno derecho y las responsabilidades que de ellas puedan derivarse.
Prestar una asistencia sanitaria adecuada a las personas privadas de libertad es un precepto constitucional. Por eso es necesario evitar el colapso de la sanidad penitenciaria. Desde CESM proponemos constantemente mesas de diálogo y no entendemos el desinterés y la falta de respuesta de la Administración. Nos preguntamos si esa apatía es por falta de voluntad política, por incapacidad para resolver la situación, o por interés en privatizar la sanidad penitenciaria.
El camino para evitar la desaparición de este sector asistencial pasa por cumplir la ley, integrando la sanidad penitenciaria en los servicios de salud de las comunidades autónomas y, hasta entonces, igualar las retribuciones a las de los médicos de los sistemas de salud de esas comunidades, cumpliendo lo aprobado en la Comisión de Interior del Congreso el año pasado.
Como siempre hemos defendido, desde CESM seguiremos luchando por conseguir una sanidad en condiciones de equidad e igualdad con las personas libres y para ello es imprescindible contar con el número adecuado de profesionales.
