La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (FEDECA), el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) y la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) han puesto en marcha una campaña de colaboración para emprender distintas acciones que tienen como objetivo recuperar de manera íntegra la paga extraordinaria recortada en 2010 al personal funcionario y estatutario, un recorte que afecta a unos 2,9 millones de empleados y que no se ha revertido 16 años después.
Las organizaciones recuerdan que lo que se puso en marcha en 2010 como un recorte temporal y excepcional, como respuesta para afrontar una crisis económica, se ha perpetuado de manera inexplicable, injusta y arbitraria. Así, la inacción de los responsables políticos ha generado un problema estructural que supone que en estos 16 años el personal funcionario y estatutario haya acumulado una pérdida de poder adquisitivo muy superior a lo pretendido inicialmente, ya que mientras que el recorte fue porcentual, incidiendo más en los sueldos de mayor cuantía, las escasas y exiguas subidas posteriores han sido lineales.
En concreto, en cuanto a médicos se refiere, CESM recoge los datos del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada para señalar que un facultativo verá recortada su paga de verano en 724,64 euros, 1.449,28 euros si se suma la de diciembre, por lo que desde 2010 son 20.352,14 euros de recorte hasta este mes de junio únicamente en conceptos de sueldo y trienios. Se trata de una pérdida de poder adquisitivo -teniendo en cuenta el IPC- del 25% en cuanto al sueldo base anual y del 16% en cuanto a complemento de destino desde 2010.
Por su parte, FEDECA estima que para los funcionarios a los que representa, la medida supuso en la mayoría de los casos un recorte superior al 10% en sus salarios. La paga extra se ha recortado entre 550 y 1.750 euros dependiendo de la antigüedad del empleado, lo que supone una descomunal pérdida acumulada en estos últimos 16 años, a la que se añade el efecto de la inflación.
Además, los funcionarios de prisiones (TAMPM) consideran que en estos años han dejado de percibir unos 6.000 euros, mientras que los inspectores de Educación (USIE) señalan que su recorte supone en torno a los 15.000 euros, teniendo en cuenta las diferencias retributivas autonómicas.
Ante esta situación, las organizaciones denuncian que no existen argumentos actualmente para mantener lo que se ha convertido en un agravio y una discriminación para los empleados públicos, ya que la crisis económica que fundamentó el recorte en 2010 se dio por superada de manera oficial, y desde entonces ningún gobierno ha mostrado voluntad por revertir la medida, incluso en un momento de máximo histórico en la recaudación fiscal.
Por todo lo anterior, CESM, SMA, FEDECA, TAMPM y USIE han pedido reuniones tanto a los grupos políticos con representación parlamentaria como a los ministerios implicados con el objetivo de exponer la situación de miles de empleados públicos y reclamar que se ponga fin al agravio. Además, han iniciado contactos con numerosos sindicatos de otros colectivos afectados para coordinar acciones conjuntas a partir de septiembre si no se ven atendidas sus demandas.
Sobre CESM, SMA, FEDECA, TAMPM y USIE: la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) aglutina actualmente a 15 sindicatos autonómicos profesionales que representan a más de 100.000 médicos y facultativos del territorio nacional y que vela por la defensa de los derechos de los profesionales y la mejora constante de sus condiciones laborales para prestar la mejor asistencia sanitaria posible a la población. El Sindicato Médico Andaluz (SMA) representa actualmente a 25.000 profesionales y su labor se centra en las condiciones laborales de los médicos y facultativos andaluces. Por su parte, la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) está formada actualmente por 46 asociaciones profesionales y sindicatos de funcionarios públicos de carrera como abogados, economistas, ingenieros, arquitectos, diplomáticos, etc. del grupo superior de la Administración del Estado, representando a la práctica totalidad de los mismos, cuyas cifras están en torno a los 15.000 profesionales del Grupo A1. Además, el sindicato de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) representa a 23.000 funcionarios y lleva años defendiendo los derechos de los trabajadores penitenciarios recordando que la falta de medios, la escasez de personal y la desprotección jurídica, literalmente, les pueden matar. La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) es el único sindicato profesional de los 1.600 inspectores de educación que hay actualmente. Representa a cerca del 60% de la inspección educativa, cuenta con implantación en todas las comunidades autónomas y provincias y fomenta un modelo basado en la cualificación técnica y la independencia profesional.
