La Secretaría Técnica de Prisiones de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado que están barajando tomar medidas de presión por parte de los facultativos de las prisiones en un intento de revertir la situación actual que padecen, con el objetivo de poder facilitar a las personas privadas de libertad una asistencia sanitaria similar a la que dispensan los servicios de salud autonómicos al resto de la población.
Desde CESM prisiones se ha puesto en marcha una encuesta distribuida entre los médicos para poder testar las opciones disponibles, que se moverían entre huelga indefinida o intermitente, encierros en los centros, concentraciones, medidas no estrictamente asistenciales o la combinación de algunas de ellas dentro de las posibilidades del colectivo.
Esta decisión se ha tomado después de varios años de silencio por parte de la Administración pese a los avisos del sindicato. Desde 2019 la Confederación ha intentado mantener un diálogo fluido tanto con el Ministerio del Interior como con el de Administraciones Públicas y el Ministerio de Hacienda, intentando aportar soluciones a los graves problemas que presenta la sanidad penitenciaria.
Sin embargo, esa interlocución buscada ha sido rechazada en reiteradas ocasiones, y las acciones llevadas a cabo han consistido en sustituir el modelo de Atención Primaria por otro de atención en urgencias, obviando la necesidad de atender a una población penitenciaria con un elevadísimo número de drogodependientes, problemas de salud mental, personas con patología dual, una elevada tasa de pacientes con enfermedades infectocontagiosas y una población cada vez más envejecida que precisa un aumento de cuidados por sus patologías crónicas.
La situación de precariedad y abandono que lleva años denunciando la Confederación ha llegado a unos límites de difícil retorno y como se ha podido comprobar, la Administración no manifiesta interés en resolverlo, por lo que desde CESM se ha puesto en marcha una consulta a los facultativos de los centros penitenciarios para valorar las medidas de presión a tomar para evitar que las personas privadas de libertad no solo no tengan una sanidad de segunda sino que disfruten de la misma calidad asistencial que el resto de la población, lo que redunda en un beneficio tanto para los usuarios penitenciaros como para la población general.