Las dos organizaciones médicas apuestan por impulsar la Proposición de Ley presentada por el Grupo Popular y VOX, y presenta sus aportaciones para mejorar la situación de los puestos de médicos que no se cubren en Castilla y León.
Los responsables jurídicos de los sindicatos confederados abordan también el Decreto de la especialidad de Urgencias o las guardias los liberados sindicales a tiempo parcial.
Los representantes de la Confederación han conocido los planes del ministerio en cuanto a cambios en jornada laboral, reclasificación profesional o sistema de guardias y han trasladado sus reivindicaciones más urgentes.
Confía en que esta situación se resuelva de la manera más satisfactoria posible para todas las partes, incluyendo a los pacientes y médicos que prestan la asistencia.
Consideran necesario «que se produzca un cambio radical en la actual política si no queremos llegar a una situación de deterioro irreversible, de crisis sanitaria en nuestra comunidad».
FASAMET y CESMAragón critican que de las medidas incluidas en el “Acuerdo para la Mejora de la Atención Primaria” de enero 2023 solo se han desarrollado las de gestión de las cargas de trabajo, entre ellas las consultas de apoyo.
Los médicos pierden de media unos 1.200 euros al año y en torno a 700 euros las enfermeras y fisioterapeutas. Son más de 377 millones de euros en total cada año.
Considera que evidencia una grave desconexión con la realidad, ya que persisten la escasez crónica de médicos, la precariedad laboral y una gestión deficiente en los hospitales.
En esta convocatoria, aunque han quedado 5.472 médicos admitidos sin plaza (3.233 que habían superado el corte), han quedado 246 plazas de Medicina de Familia vacantes.
Reclama la presencia permanente de agentes de seguridad en los centros de salud con mayor afluencia de pacientes e insta a la Administración a llegue hasta las últimas consecuencias penales contra el autor de los ‘ataques’.
Ambas organizaciones han manifestado la necesidad de poner fin a un agravio que se mantiene quince años después y que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo para los profesionales cercana al 30%.
Consideran que atribuir competencias médicas a Enfermería no contribuirá a mejorar la calidad el sistema sanitario y supondrá un riesgo para la seguridad de los pacientes.