«La vocación no está reñida con la necesidad de recibir un reconocimiento, un trato y condiciones dignas y unas retribuciones acordes con nuestro trabajo», asegura María José Campillo en esta Opinión.
La secretaria general explica en una entrevista las principales necesidades del sistema sanitario extremeño, partiendo de la subida del 2% pactada y terminando con las condiciones de los MIR.
Nos enfrentamos a unos de los momentos más difíciles de nuestro ejercicio profesional. Sabemos que aún nos quedan muchos meses de pandemia por delante y que solo podremos salir juntos de esta, como la gran familia médica que somos.
La decisión drástica se toma no solo por la falta de respuesta de la administración, sino porque se ha seguidos degradando las condiciones de los residentes.
La carrera profesional, la aplicación real de las 35 horas, el 100% de la paga extra a MIR o la equiparación del precio de la hora de guardia están entre sus peticiones.
Es el momento de ser constructivos y colaborar todo lo que podamos, cumpliendo con los consejos e instrucciones de los expertos sanitarios, por nuestra propia seguridad y por la de todos.
Exigen que “haga las gestiones oportunas para que por los departamentos ministeriales que corresponda se aborden estos problemas a la mayor brevedad posible”.
La Consejería de Sanidad ha planteado una modificación de plantilla orgánica que supone la pérdida de 4 puestos de médico de Familia en contra de todo lo acordado anteriormente.
«La gran mayoría de nuestras reivindicaciones le corresponden a la Conselleria de Sanitat, la cual no solo se niega a recibirnos sino que pone trabas a nuestro derecho constitucional a la huelga».
Piden el abono de la paga extra para todos los profesionales, compensar las IT con el 100%, abonar el 100% de los incentivos en 2021 y aumentar el periodo de disfrute de las vacaciones de 2020 hasta junio de 2021, entre otras cosas.
Denuncian que la población está desasistida, los profesionales están agotados y no conocen ningún plan de la Conselleria de Salut para corregir esta situación.
La decisión se produce ante el silencio de la Conselleria, conocedora de las penosas condiciones laborales en la que los residentes prestan sus servicios.