Aseguran que resulta incomprensible que de 1.600 contrataciones solo 300 se destinen al colectivo que más presión padece y al que más demanda la población.
«No podemos tolerar semejante afrenta a los médicos en especial, y en definitiva a todo el personal sanitario, por lo injusto de acusar sin pruebas, y pretender justificar su negligencia», denuncian.
El fallo la condena a indemnizar a los médicos demandantes con 4.500 € al haber estado expuestos a riesgo de contagio por Covid-19 en los centros de salud y hospitales.
Manifiestan su más profunda decepción por la orientación que esta Conselleria quiere dar a la Atención Primaria y por el menosprecio que iniciativas como esta suponen para la profesión médica.
La sentencia afirma que «el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo».
El sindicato no se muestra en contra de la adopción de cuantas medidas sean necesarias para salir de la actual ola pandémica, pero ello nunca puede suponer un cheque en blanco a cualquier condición propuesta por los gestores.
La querella se basa en los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores tipificados en los artículos 316 y 317 del Código Penal, por haberles obligado a trabajar sin las adecuadas medidas de protección.
Considera negligente la gestión de la Conselleria en este tema e insta a la celebración de una mesa técnica de urgencia para plantear nuevas medidas que traten de paliar esta situación.
El sindicato consideraría inadmisible el contagio de estos profesionales como consecuencia de unas medidas preventivas deficientes en el entorno sanitario.
Lamentan que en la comunidad las distintas gerencias funcionan de forma descoordinada y sin un criterio uniforme, y que esta falta de previsión y coordinación repercute negativamente en la seguridad de sus trabajadores.
Estas mismas unidades llamadas SVA-enfermería y creadas por la Conselleria fueron suspendidas en el año 2020 precisamente por considerar la propia Administración que no tenía soporte legal.
Devuelve la causa al Juzgado de Alicante a fin de que previa concreción de las indemnizaciones de cada afiliado al sindicato que reclamó, proceda a fijar la cuantía a la que tienen derecho.
Denuncia que la Conselleria «demuestra el más que evidente menosprecio por la Atención Primaria de Salud, por sus profesionales y por la población a la que atendemos».
El proyecto por el que se centraliza el Servicio de Emergencias Sanitarias en un solo punto afectará negativamente a la asistencia sanitaria de la Comunidad.
También pide transformar los contratos de Atención Continuada en plazas estructurales con el objeto de paliar los déficits de plantilla históricos y afrontar con mayores garantías probables repuntes de la pandemia.
El objetivo es la investigación y averiguación de los responsables de haber obligado a prestar trabajo sin los EPI’s al personal sanitario, y especialmente a los médicos.
Se trata de 500 plazas a través de un examen que puntúa más que nunca y se ofrecen más de 5.000 preguntas de un temario de 50 temas, todo de forma online.