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Solicita que una delegación de la institución se desplace a la ciudad autónoma para conocer directamente la realidad asistencial y reclama datos objetivos sobre el impacto de la presión que soportan profesionales y pacientes.

Exige el cese inmediato de cualquier presión, por muy velada que esta sea, sobre los profesionales, al tiempo que anuncia que emprenderá acciones legales si se confirman represalias o amenazas.