El ministerio reconoce que el sistema público se debilita, se admite que aumenta la dependencia de la privada pero no se afronta la causa principal, que es la pérdida de médicos del SNS por condiciones laborales inasumibles.
Advierte de que si los incrementos no se trasladan también a los médicos, las compañías aseguradoras pueden hallar serias dificultades para encontrar profesionales que presten la asistencia.
Confía en que esta situación se resuelva de la manera más satisfactoria posible para todas las partes, incluyendo a los pacientes y médicos que prestan la asistencia.
Señala que el trato por parte de la administración autonómica «debe ser el mismo» para los sanitarios de la pública y la privada. Lo contrario sería una vulneración flagrante del principio de igualdad.