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El formato acordado para estos paros es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará hasta el mes de junio, además de una gran manifestación en Madrid.

Los responsables sindicales han hecho hincapié en que el objetivo de esta unión es la interlocución directa de los médicos con la Administración, pero a todos los niveles.

Quieren mostrar tanto al ministerio como a la profesión médica y facultativa su compromiso con el objetivo de contar con un estatuto propio.

Sindicatos y ministerio se emplazan a una nueva reunión el próximo lunes a la espera de ver si se firma o no este nuevo texto facilitado.

Los sindicatos denuncian el desprecio institucional al colectivo tras esta ruptura unilateral de la negociación.

Recuerdan que no hay nada firmado con el Comité en cuanto a los aspectos que han trascendido de ese preacuerdo, que, en todo caso, quedan lejos de las reivindicaciones que están llevando a cabo CESM y SMA.

Insiste en que la única manera de poder terminar con este conflicto es abandonar las conversaciones dilatorias vacías para alcanzar acuerdos reales con el colectivo.

Recuerdan que el conflicto sigue abierto y que continuarán las movilizaciones, puesto que el ministerio no retira su propuesta actual.

Abas organizaciones confían en que esta llamada en mitad de la semana de huelga permita retomar el diálogo y alcanzar acuerdos sobre reivindicaciones clave.

Confirman que los facultativos están dispuestos a sostener un conflicto de largo recorrido si el ministerio no ofrece una respuesta inmediata y efectiva a sus reivindicaciones.

La Confederación mantiene que la única forma de regular adecuadamente al colectivo es elaborar un estatuto propio del médico.

Señala que mantiene su actitud negociadora con Sanidad pero que no va a paralizar las movilizaciones hasta que se logre el reconocimiento que exige para los profesionales.

Estas acciones han sido acordadas por ambas organizaciones después de haber enviado una nueva carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que le reclaman una reunión efectiva y directa.

Han insistido en que los problemas que está sufriendo la sanidad pública radican en unas condiciones laborales que perjudican especialmente a los médicos y facultativos.

El grupo parlamentario respalda la petición sindical y ha solicitado la comparecencia de la ministra en la Comisión de Sanidad.

Ambas organizaciones siguen su campaña de movilizaciones contra la norma ministerial y preparan la huelga del próximo 3 de octubre.

Ambas organizaciones denuncian que el nuevo texto elimina varias cláusulas cuyo objetivo era garantizar los derechos básicos de los profesionales.

A este paro está convocado todo el personal sanitario del Grupo A1 del Sistema Nacional de Salud.