Se propone a las Administraciones Autonómicas y al INSS que tomen las medidas necesarias a partir de enero de 2023 para garantizar la emisión de los partes de baja, confirmación y alta por los profesionales de todos los niveles asistenciales.
Ante esta grave acusación de la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, que cuestiona la actitud de los profesionales aragoneses, con agendas saturadas a diario, debe rectificar o dimitir, o ser directamente cesada.
Las agresiones, la sobrecarga laboral, los incumplimientos de los acuerdos del 2019 y los nuevas plazas de continuidad han colmado el hartazgo del colectivo.
Exigen que estos certificados, o no se soliciten, o si se considera que deben exigirse lo correcto es hacerlo de forma legal y adecuada sin sobrecargar a los médicos de Atención Primaria.
SIMEBAL-CESM insiste en que la razón fundamental de la sobrecarga asistencial es la falta de médicos, que perjudica directamente a los facultativos, a la relación médico-paciente y a la ciudadanía.
Desea poder seguir colaborando con las autoridades en el diseño de una infraestructura óptima para la AP, para lo que plantea una campaña en redes sociales próximamente.
El documento presentado a la consellera incluye 12 medidas que podrían ayudar a paliar la saturación de las consultas de Primaria y mejorar la calidad asistencial.
Reclaman no imitar las ideas anunciadas en otras comunidades de cubrir la falta de médicos con personal de enfermería por ser “descabelladas e irresponsables”.
Han quedado sin adjudicar 218 vacantes, la mayoría en Medicina de Familia, a las que se sumarán las que queden desiertas, una situación de la que ya advirtió CESM.
Además del colapso absoluto del sistema sanitario por la pandemia se preguntan qué más tiene que pasar para que haya voluntad política para solucionar la situación de la Atención Primaria.
“Se ha perdido una nueva oportunidad para abordar una verdadera y necesaria reforma de la AP; en el plan presentado falta voluntad política y sobran adornos literarios”.